La presentación apunta a recuperar la indemnización establecida originalmente por un tribunal de Nueva York, que había ordenado a la Argentina pagar US$16.000 millones más intereses por la expropiación de YPF en 2012. Esa sentencia posteriormente fue modificada en la instancia de apelación.
El nuevo procedimiento arbitral no es, sin embargo, la única vía que permanece abierta. Burford todavía tiene plazo hasta fines de septiembre para intentar llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. De esta manera, el fondo mantiene en paralelo la posibilidad de continuar con el proceso judicial estadounidense y el nuevo reclamo ante el Ciadi.
La Procuración del Tesoro de la Nación ya recibió la notificación correspondiente. Desde el organismo señalaron que la presentación estaba contemplada entre los posibles escenarios luego del fallo de apelación y que la Argentina participará del procedimiento para defender su posición.
A partir de la presentación comienza a correr un plazo de 90 días para constituir el tribunal arbitral que tendrá a su cargo el caso. Una vez conformado, las partes deberán establecer las reglas y el cronograma para el desarrollo del proceso.
Una parte sustancial del procedimiento tendrá carácter confidencial. Por ese motivo, el alcance completo de las presentaciones, argumentos y pruebas no necesariamente será conocido públicamente durante la tramitación. La información del proceso podrá conocerse de manera más amplia cuando el tribunal arbitral emita su decisión final.
El pedido presentado hasta ahora tiene además un alcance específico. Según explicó el exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler, el arbitraje fue iniciado en representación de las sociedades Petersen, que eran accionistas minoritarias de YPF al momento de la estatización.
Esas sociedades estaban radicadas en España y posteriormente entraron en un proceso de quiebra. Actualmente, su administración está a cargo de un síndico designado en ese país.
La presentación no incluye, por el momento, un reclamo equivalente en representación de los fondos Eton Park. Según la información aportada por Soler, ese grupo representaba aproximadamente el 11% del monto reclamado en el proceso desarrollado en Nueva York.
La diferencia estaría relacionada con el marco jurídico que podría aplicarse a cada caso. Mientras el reclamo de Petersen se vincula con el tratado bilateral de inversiones entre Argentina y España, una eventual presentación de Eton Park debería analizarse bajo el tratado vigente entre Argentina y Estados Unidos.
El camino hacia el arbitraje había tenido un antecedente relevante en mayo, cuando la jueza de Nueva York Loretta Preska autorizó a los demandantes a utilizar información obtenida durante el proceso judicial estadounidense en un eventual procedimiento ante el Ciadi.
Burford también informó a sus accionistas sobre los resultados que obtuvo en distintos litigios vinculados con el Estado argentino. Según los datos difundidos por el fondo, de 51 demandas de inversores contra la Argentina que ya tuvieron resolución en diferentes ámbitos, el 86% terminó con decisiones favorables a los demandantes.
La firma también señaló que, de acuerdo con su propio análisis, considera que el arbitraje presenta mayores posibilidades de éxito que una eventual revisión del caso ante la Corte Suprema estadounidense. Al mismo tiempo, reconoció que se trata de un mecanismo más prolongado: según sus datos, un procedimiento ante el Ciadi demanda en promedio 4,4 años.
De todos modos, un eventual laudo favorable no implicaría que la Argentina deba efectuar automáticamente el pago. Si los demandantes obtuvieran una decisión a su favor y buscaran hacerla efectiva sobre activos argentinos en otros países, deberían iniciar procedimientos de reconocimiento y ejecución ante los tribunales de esas jurisdicciones.
Así, el reclamo iniciado ante el Ciadi abre una nueva etapa del conflicto por la expropiación de YPF, mientras continúa vigente la posibilidad de que Burford intente avanzar también ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
