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Controversia por la rápida reincorporación de un ex funcionario con millonaria indemnización

16 septiembre, 2026
in Economía
Controversia por la rápida reincorporación de un ex funcionario con millonaria indemnización
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La incorporación de un ex empleado del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) generó cuestionamientos dentro del organismo. Daniel Alfredo Neira dejó su puesto en el ente de comunicaciones el 31 de julio de 2026 y, al día siguiente, comenzó a desempeñarse de manera interina en el INTA. Antes de su salida, recibió una liquidación final neta de $109.781.999,73.

La desvinculación del Enacom se concretó bajo el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. De acuerdo con la documentación incorporada al caso, la liquidación incluyó $73.067.618,10 correspondientes a la indemnización por antigüedad, $9.742.349,08 por preaviso y $24.096.076,72 por vacaciones no gozadas.

Poco después, el currículum de Neira fue elevado al Consejo Directivo del INTA por pedido de la Dirección General de Administración (DGA), para ocupar un cargo de asistencia en esa área. La designación quedó formalizada mediante la Resolución 296/2026, aprobada el 3 de septiembre.

La norma estableció su designación provisoria como gerente tipo A de la Gerencia de Contabilidad por un período de 180 días, con posibilidad de extensión hasta la realización del concurso correspondiente. Como Neira había finalizado su vínculo con el Enacom el 31 de julio, el nombramiento interino quedó establecido desde el 1° de agosto.

El caso generó sorpresa entre integrantes del Consejo Directivo del INTA, que tomaron conocimiento de las condiciones de la desvinculación del organismo de comunicaciones una vez que la incorporación comenzó a trascender públicamente.

La información disponible indica que el currículum fue presentado por la Dirección General de Administración, actualmente supervisada por Gustavo Javier Abaurrea. Hasta el momento no se brindó una explicación oficial sobre los criterios utilizados para avanzar con la contratación ni sobre si el Consejo Directivo había recibido previamente información acerca de la indemnización cobrada por Neira.

La situación comenzó a ser revisada dentro del propio organismo. Según trascendió, integrantes del Consejo Directivo analizan nuevamente la aprobación de la designación y aguardan un análisis del área jurídica para determinar los pasos a seguir.

En el INTA, las autoridades explicaron que determinados cargos pueden ser cubiertos de manera transitoria hasta que se concrete el concurso correspondiente. El mecanismo busca garantizar la continuidad de las funciones mientras se completa el proceso de selección.

La controversia se produce pocos meses después de que el INTA avanzara con un programa de retiros voluntarios destinado a reducir su estructura de personal. El organismo había contado con unos 5.750 trabajadores y realizó dos procesos de retiro en menos de dos años: uno en noviembre de 2024, que alcanzó a 394 personas, y otro en junio de 2026, con aproximadamente 850 agentes.

En el segundo proceso, algunas solicitudes no llegaron a concretarse debido a que no se computaron determinados períodos de servicio como personal no permanente para acceder al beneficio.

El régimen de retiros también incluyó restricciones para quienes se acogieran al programa. El Consejo Directivo estableció una prohibición de reingreso al Sector Público Nacional durante cinco años, que alcanzaba empleos, cargos de autoridad, funciones y tareas de asesoramiento.

Hasta el momento, no quedó establecido si esas restricciones podrían alcanzar a Neira, debido a que su desvinculación del Enacom no se produjo mediante el régimen de retiro voluntario, sino a través de una indemnización por despido.

El Enacom confirmó que Neira trabajó en el organismo, pero no brindó información adicional sobre las condiciones de su salida. Tampoco se obtuvo una respuesta del ex empleado del ente de comunicaciones respecto de su incorporación al INTA y de las circunstancias que rodearon su desvinculación.

La situación queda ahora bajo análisis de las autoridades del INTA, que deberán determinar si la designación interina se ajusta a las normas aplicables y cuáles son los pasos que corresponden respecto de su continuidad.

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