La diferencia entre ambas propuestas ronda los $4 billones. El planteo de las universidades implica un monto 50,68% superior al crédito incluido por el Gobierno en el artículo 12 del proyecto enviado a la Cámara de Diputados.
Los rectores de las universidades públicas tienen previsto presentar este miércoles su propia propuesta presupuestaria ante los legisladores. La exposición estará encabezada por el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, junto con el vicepresidente de la organización, Anselmo Torres, y otros integrantes de la comisión de Asuntos Económicos.
Desde el oficialismo sostienen que la discusión deberá mantenerse dentro del objetivo de déficit cero. La posición planteada es que cualquier incremento de recursos para las universidades debería estar acompañado por una reducción equivalente en otra partida del presupuesto.
El proyecto también establece condiciones para el giro de fondos. El Ministerio de Capital Humano podrá suspender transferencias a las universidades que no entreguen dentro de los plazos previstos la información requerida sobre la asignación, ejecución y evaluación de los recursos recibidos.
El pedido de información corresponde a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, área encabezada por Alejandro Álvarez, quien mantiene el vínculo del Gobierno con las autoridades universitarias. Desde la administración nacional sostienen que los fondos transferidos resultan suficientes y cuestionan el uso que las instituciones hacen de esos recursos.
La discusión presupuestaria se desarrolla además junto con el reclamo salarial de docentes y trabajadores no docentes. Los sindicatos universitarios sostienen que todavía existe una pérdida acumulada de ingresos y reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
De acuerdo con un informe elaborado por organizaciones sindicales y una entidad dedicada al análisis de ciencia y tecnología, los salarios universitarios acumularon una pérdida del 25% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023 y requerirían una recomposición del 33,4%.
El mismo trabajo señala que el financiamiento destinado a las universidades nacionales registró una caída real del 21,9% durante ese período. En función de sus cálculos, los gremios estiman que este año deberían incorporarse $1,6 billones al crédito presupuestario vigente para cumplir con la legislación y que para 2027 el incremento debería ser casi del doble, debido a que sus proyecciones inflacionarias son superiores a las contempladas por el Ministerio de Economía.
La tensión también alcanzó las calles. La semana pasada se realizó una jornada con clases públicas y actividades en universidades y espacios públicos de distintas ciudades del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires instaló carpas informativas en Plaza de Mayo.
Además, para el jueves 17 está prevista una manifestación frente al Palacio Pizzurno para reclamar la convocatoria a las negociaciones salariales de docentes y no docentes. El secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades, Daniel Ricci, señaló que hasta el momento no recibieron una convocatoria oficial para discutir aumentos, aunque esperan algún contacto durante esta semana.
Otro de los puntos de la discusión es el control sobre el destino de los recursos públicos. La Auditoría General de la Nación (AGN) tiene entre sus funciones revisar la gestión de los fondos y la eficacia de los procedimientos, de acuerdo con la Ley 24.156 y la Ley de Educación Superior.
Actualmente existen auditorías sobre distintas universidades e instituciones que fueron autorizadas por la Comisión Bicameral Permanente Mixta Revisora de Cuentas del Congreso. Entre ellas se encuentran las Facultades de Ciencias Económicas, Derecho, Medicina y Psicología de la Universidad de Buenos Aires, además de las universidades nacionales de Avellaneda, Catamarca, Chilecito, Córdoba, Cuyo, La Matanza, La Plata, Lanús, del Nordeste, de la Patagonia San Juan Bosco, Quilmes, San Juan y Tierra del Fuego.
Estas instituciones deberán avanzar durante los próximos meses con la planificación correspondiente a las tareas previstas para 2027.
Con el proyecto ya enviado al Congreso, el financiamiento universitario quedará así incorporado a las negociaciones parlamentarias sobre el Presupuesto del próximo año, en un escenario en el que las autoridades nacionales y el sistema universitario parten de propuestas con una diferencia de varios billones de pesos.
