El planteo fue presentado por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta luego de que Baratta ampliara su declaración indagatoria y negara haber recibido sobornos de Techint. En esa oportunidad, el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación cuestionó duramente los testimonios de los exdirectivos de la compañía y los calificó de “mentirosos”.
La defensa sostiene que existen contradicciones entre las declaraciones de los tres involucrados y busca que puedan confrontar sus versiones directamente ante los integrantes del tribunal. El objetivo es determinar las diferencias existentes en los relatos sobre los supuestos pagos y las circunstancias en las que habrían ocurrido.
Según la acusación, Héctor Zabaleta declaró que entregó a Baratta paquetes con dinero en pesos cuyo valor debía equivaler a un millón de dólares. El exejecutivo afirmó que actuó siguiendo instrucciones de Luis Betnaza.
Betnaza, por su parte, reconoció ante el tribunal que había impartido esa orden. Según su explicación, el dinero estaba relacionado con gestiones destinadas a colaborar con empleados de Techint que necesitaban salir de Venezuela durante el proceso de nacionalización de SIDOR.
La defensa de Baratta considera que las diferencias entre ambas declaraciones justifican la realización del careo y sostiene que esa instancia permitiría confrontar los distintos relatos. La fiscal Fabiana León no descartó la posibilidad de realizarlo, aunque planteó que debería concretarse una vez finalizado el resto de las declaraciones previstas para el juicio, con el objetivo de evitar una interrupción en su desarrollo.
La Unidad de Información Financiera, que interviene como querella, adoptó una posición diferente y se opuso al pedido. Según su postura, las discrepancias entre los testimonios deben ser analizadas al momento de valorar la prueba reunida en el expediente y no necesariamente mediante un careo.
Baratta volvió a defender el pedido y sostuvo que se trata de una herramienta vinculada directamente con su estrategia de defensa. En ese marco, reclamó que se le permita confrontar a Betnaza y Zabaleta por las diferencias que, según afirma, existen tanto entre sus declaraciones como respecto de su propio testimonio.
El exfuncionario también cuestionó la postura del Ministerio Público y apuntó específicamente contra el fiscal Carlos Stornelli. En sus críticas, sostuvo que la acusación no debería objetar el ejercicio de su derecho de defensa y cuestionó actuaciones anteriores del Ministerio Público relacionadas con Techint.
Ahora será el Tribunal Oral Federal 7 el que deberá resolver si habilita el careo solicitado. El tribunal está integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.
Mientras los jueces analizan el planteo, el juicio por los Cuadernos continúa con la incorporación de testimonios de personas vinculadas con las investigaciones desarrolladas en el expediente.
