Los procedimientos se llevaron adelante en las sucursales ubicadas en avenida Santa Fe 880 y Reconquista 101, respectivamente. Los investigadores buscan obtener documentación y reconstruir las operaciones bancarias que forman parte del expediente.
En el caso del Banco Industrial, cuyo principal accionista es Andrés Meta, la medida está relacionada con el rol que habría cumplido como entidad bancaria de respaldo de Sur Finanzas. La firma utilizaba sus servicios para mantener depositados los fondos que captaba a través de su plataforma de pagos.
Sur Finanzas está registrada ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como Proveedor de Servicios de Pago (PSP). Esta categoría comprende a empresas que administran cuentas de pago y permiten realizar transferencias y cobros, aunque no cuentan con autorización para funcionar como bancos.
La regulación establece que estas compañías deben operar con entidades financieras tradicionales supervisadas por el BCRA. Además, exige que la totalidad de los fondos de los clientes destinados a operaciones de pago permanezca depositada en cuentas bancarias y disponible de manera inmediata, con excepción de los saldos que los usuarios decidan invertir. El BIND cumplía esa función dentro del esquema de Sur Finanzas.
El procedimiento en el Banco Hipotecario, en cambio, está relacionado con una presunta maniobra de lavado de activos provenientes del juego clandestino y de actividades de intermediación financiera no autorizadas.
La causa analiza operaciones realizadas entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 mediante las billeteras virtuales de Sur Finanzas y una cuenta corriente de la empresa en esa entidad bancaria. Se trata de la cuenta número 3-081-0000114921-7, registrada a nombre de Sur Finanzas PSP S.A., anteriormente denominada Neblockchain S.A.
Según la imputación correspondiente al hecho número 7 del expediente, siete personas habrían intervenido en maniobras destinadas a administrar, transferir y poner en circulación dinero de presunto origen ilícito. Entre los involucrados se encuentran Maximiliano Ariel Vallejo y Graciela Beatriz Vallejo.
La acusación sostiene que los fondos habrían provenido de apuestas clandestinas y operaciones de intermediación financiera sin autorización. Para movilizarlos, los investigados habrían utilizado las billeteras de Sur Finanzas PSP S.A. y Sur Finanzas Group S.A., además de la cuenta bancaria abierta en el Hipotecario.
Los registros analizados por la Fiscalía reflejan operaciones superiores a los $19.908 millones a través de billeteras virtuales y depósitos en efectivo por otros $2.031 millones en el Banco Hipotecario.
Una de las hipótesis bajo investigación indica que parte de los fondos ingresados a las plataformas digitales tendría origen en la explotación de un casino online clandestino y en maniobras fraudulentas que habrían utilizado datos personales de terceros. Ahora, los investigadores buscan determinar el recorrido del dinero, identificar a quienes participaron de las transacciones y establecer si los recursos fueron destinados posteriormente a otras actividades comerciales.
El expediente también incluye operaciones crediticias y movimientos financieros entre sociedades vinculadas con Vallejo y diferentes clubes de fútbol.
Uno de los casos analizados involucra a Argentinos Juniors. De acuerdo con la acusación, Sur Finanzas PSP S.A. le habría cedido cheques por $600 millones, con una tasa nominal anual adelantada del 100%. Además, habría otorgado un préstamo de $200 millones, con una tasa del 40% anual más un adicional del 1,5% mensual.
También se investiga la relación comercial con San Lorenzo. Entre la documentación incorporada a la causa figura un reconocimiento de deuda por $416 millones a favor de Sur Finanzas Group S.A., fechado el 30 de junio de 2025.
La Justicia intenta establecer si parte del capital utilizado en esas operaciones tenía relación con los fondos presuntamente obtenidos mediante las actividades ilegales investigadas. Desde el entorno del empresario rechazaron que los préstamos concedidos a los clubes se hayan realizado bajo condiciones ilícitas.
Vallejo, quien mantenía vínculos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, permanece detenido desde el 23 de octubre por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte.
La investigación también comprende transferencias entre distintas empresas del grupo, movimientos hacia cuentas de personas que no contarían con capacidad económica suficiente para justificar los montos recibidos y adquisiciones de inmuebles y vehículos mediante pagos millonarios en efectivo.
El empresario rechazó las acusaciones de lavado de dinero y sostuvo que sus actividades comerciales se desarrollaron dentro de la legalidad.
