El encuentro se desarrolló en el marco del Congreso Nacional del Movimiento Nacional Pyme (MONAPY), bajo la consigna “Una economía integrada: hacia un modelo de empleo y desarrollo”. Allí, representantes de pequeñas y medianas empresas compartieron experiencias sobre cómo sostener sus negocios en un contexto de menor demanda, dificultades para invertir y pérdida de puestos de trabajo.
Si bien reconocieron la importancia de ordenar las variables macroeconómicas y corregir los desequilibrios, plantearon cuestionamientos sobre la velocidad de la transformación y las herramientas disponibles para acompañar el proceso. El principal reclamo apunta a las condiciones de competencia: consideran que deben enfrentar estándares similares a los de las grandes compañías internacionales, pero sin acceso equivalente al financiamiento y con costos tributarios y logísticos que afectan su capacidad productiva.
Uno de los datos expuestos durante la jornada reflejó la dimensión de la carga fiscal. Un relevamiento indicó que una pyme debe afrontar 62 obligaciones tributarias por año. A esto se suman saldos impositivos a favor que permanecen inmovilizados, multas y embargos que reducen los recursos disponibles para mantener la actividad.
Entre los participantes también hubo empresarios con varias décadas de trayectoria, muchos de los cuales construyeron sus compañías desde cero y atravesaron distintas crisis económicas. Durante el encuentro compartieron sus diagnósticos sobre las dificultades actuales para sostener la actividad y concretar nuevas inversiones.
En ese sentido, durante el Congreso se abordó el concepto de “stock de proyectos reprimidos” (SPR), surgido de una encuesta encargada a una entidad especializada en estudios sobre pequeñas y medianas empresas. La estimación histórica señalaba que, por cada pyme, existían cinco proyectos de inversión que no llegaban a realizarse debido a diferentes obstáculos. A esa situación se agrega ahora un escenario contractivo que debilita las posibilidades de llevar adelante nuevas iniciativas.
Otro de los puntos centrales del diagnóstico fue la pérdida de capacidad de consumo de los hogares. Los empresarios señalaron que siguen de cerca la evolución del salario disponible y el aumento de la proporción de los ingresos familiares destinada a servicios. Cuando las tarifas, los alquileres y otros gastos absorben una mayor parte del presupuesto, disminuye el dinero destinado a compras y consumo, con consecuencias directas sobre comercios, fábricas y proveedores.
A la menor demanda se suma una estructura de costos que el sector considera difícil de sostener. Durante la jornada se indicó que el transporte automotor concentra alrededor del 91% de las cargas y que trasladar un contenedor desde terminales locales puede resultar varias veces más caro que hacerlo en países competidores de la región. La energía y las dificultades para acceder a financiamiento también fueron señaladas como factores que reducen la competitividad.
Desde el sector sostienen que una fábrica puede alcanzar buenos niveles de productividad puertas adentro, pero perder esa ventaja cuando debe trasladar sus productos al mercado. Por eso, aunque respaldan la apertura comercial y consideran necesaria una administración del comercio, cuestionan que se les exija competir internacionalmente sin contar con condiciones equivalentes a las de otras economías.
La brecha también se observa en el acceso al crédito. Según los datos presentados, las pymes generan aproximadamente el 45% del producto bruto interno, pero reciben apenas el 2% del financiamiento. Además, ocho de cada diez empresas deben recurrir a recursos propios para sostener sus operaciones o concretar inversiones.
La presión tributaria y los mecanismos de cobro de deudas fiscales fueron otros de los reclamos destacados. Los empresarios cuestionaron especialmente los impuestos considerados distorsivos, los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la falta de medidas de alivio que contemplen las particularidades de las compañías de menor escala.
En este aspecto, los datos del sector indican que una de cada siete pymes industriales recibió embargos de ARCA. La mitad de esos procedimientos estuvo vinculada con atrasos en el pago de obligaciones corrientes y, en la mayoría de los casos, las notificaciones se produjeron dentro de los 30 días posteriores al vencimiento.
El costo energético también concentró buena parte de las preocupaciones. Durante el Congreso se afirmó que la electricidad registró aumentos superiores al 500% desde 2024 y se planteó que, en Santa Fe, el costo de la energía supera al de Alemania.
En medio de estos reclamos, el diputado Nicolás Massot presentó una iniciativa legislativa orientada a reducir la carga fiscal de las pequeñas y medianas empresas. El proyecto contempla eliminar el impuesto a los créditos y débitos para determinadas compañías, reducir temporalmente las contribuciones patronales, implementar un sistema de calificación crediticia y establecer mecanismos para suspender embargos y facilitar la regularización de deudas.
El debate se desarrolló en paralelo a la convocatoria del Gobierno a grandes empresas e inversores para avanzar con proyectos vinculados al RIGI. Aunque desde el sector pyme no plantearon una oposición a esas iniciativas, señalaron la necesidad de que las grandes inversiones también generen oportunidades para el entramado productivo nacional.
En ese marco, el exministro de Economía Alfonso Prat-Gay describió una economía marcada por fuertes diferencias geográficas, sectoriales y empresariales. Sostuvo que existen actividades con un crecimiento significativo, pero también numerosos sectores que no logran acompañar esa evolución.
Al referirse al desempeño económico, señaló que los hidrocarburos y la minería muestran una expansión importante, aunque advirtió que, al excluir las actividades extractivas, gran parte de la economía acumula cinco años sin crecimiento.
El planteo se relaciona con uno de los principales interrogantes que atraviesan el debate sobre el RIGI: cómo lograr que las inversiones en recursos naturales se traduzcan también en desarrollo de proveedores, generación de empleo y mayor actividad para el resto de los sectores productivos.
Prat-Gay también destacó el peso de las pequeñas y medianas empresas en el mercado laboral. Según afirmó, al incorporar el empleo no registrado, casi el 70% de las personas ocupadas tiene como generadora de trabajo a una pyme.
Por su parte, Massot advirtió sobre las tensiones que implica la transición entre modelos económicos y sostuvo que el país no debería plantear una disputa entre crecimiento y estabilidad. También manifestó su preocupación por el impacto que una mayor apertura comercial podría tener sobre las empresas que todavía dependen principalmente del mercado interno.
El legislador propuso, además, discutir cómo se distribuirá y aprovechará la riqueza generada por los recursos naturales, con especial atención a las consecuencias de las decisiones económicas y a la sostenibilidad del modelo.
Desde MONAPY, su fundador, Alejandro Bestani, reclamó que las pequeñas y medianas empresas tengan una participación más activa en la elaboración de las políticas económicas. El planteo apunta a incorporar la experiencia del sector a las decisiones que definen el rumbo productivo del país.
La jornada en Rosario dejó expuesta la tensión entre dos dimensiones de la economía argentina: por un lado, la búsqueda de grandes inversiones para transformar la matriz productiva y, por otro, las dificultades de las empresas de menor escala para sostener su actividad y competir en ese nuevo escenario.
La preocupación también alcanza a compañías que históricamente prestaron servicios a sectores estratégicos. Una empresaria vinculada desde hace dos décadas a la actividad minera advirtió que actualmente pierde contratos frente a propuestas de empresas de Chile y Perú. Su planteo apuntó a la distancia entre la cantidad de compañías convocadas a las iniciativas de inversión y los puestos de trabajo que finalmente se generan.
El reclamo sintetiza una de las principales demandas del sector: que el crecimiento de las grandes inversiones pueda extenderse al conjunto de la economía y que las pymes cuenten con herramientas concretas para participar de ese proceso.
