La discusión se intensificó durante la misma semana en que el Gobierno, la Unión Industrial Argentina (UIA) y Mercado Libre acordaron reforzar el intercambio de información para detectar operaciones irregulares y controlar productos comercializados en plataformas digitales.
Según las estimaciones presentadas, el comercio ilícito representa el 5,06% del producto bruto interno (PBI) argentino. Sin embargo, el problema abarca actividades diferentes, como la evasión tributaria, las infracciones aduaneras, el contrabando, la venta de artículos sin certificaciones obligatorias y la falsificación de mercadería. Por ese motivo, se plantea que cada práctica requiere herramientas de fiscalización específicas.
Un caso reciente fue detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que informó sobre el hallazgo de 15.000 relojes inteligentes con presunto fraude marcario durante un operativo en el Puente Internacional Salto Grande, en Entre Ríos. El valor estimado de la mercadería alcanzó los 450 millones de pesos.
Las diferencias de precios entre los canales formales e informales aparecen como uno de los factores que incentivan la circulación de productos fuera del circuito legal. En el caso de los celulares de alta gama y otros artículos electrónicos, la brecha puede ubicarse entre el 30% y el 40%, según estimaciones del sector industrial.
A esa diferencia se suman los costos impositivos y regulatorios. Los impuestos representan alrededor del 80% del precio final de los cigarrillos. Además, una comparación de prendas equivalentes comercializadas en La Salada y Flores mostró que los precios fueron entre 3,7 y 4,5 veces inferiores a los del canal formal en línea, según el producto analizado.
Estas diferencias indican que la informalidad no responde únicamente a la falta de controles, sino también a los incentivos económicos que pueden favorecer la compra y venta de productos por fuera de los canales establecidos.
En este escenario, las plataformas digitales pueden contribuir a detectar irregularidades, ya que reúnen información sobre vendedores, publicaciones, operaciones y medios de pago. Esos registros permiten identificar patrones sospechosos y colaborar con las autoridades en las tareas de investigación.
La expansión de los pagos electrónicos también facilita el seguimiento de las transacciones. Durante 2025, el 67% de las compras en línea se abonó con tarjeta de crédito, el 10% con tarjeta de débito y el 22% mediante billeteras virtuales o transferencias. El efectivo representó apenas el 1%, de acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).
Sin embargo, se advierte que disponer de esos registros no significa que las empresas deban asumir funciones de fiscalización aduanera u otras responsabilidades propias del Estado. En particular, se cuestiona la posibilidad de establecer un régimen de responsabilidad objetiva y solidaria que obligue a las plataformas a responder por productos ilícitos o defectuosos comercializados por terceros, incluso cuando no hayan tenido conocimiento ni participación en las operaciones.
Para dimensionar las posibles consecuencias de ese esquema, se tomó como referencia una investigación de 2022 que estimó que la aplicación de un régimen de esas características podría afectar a más de 31.000 vendedores y hasta 47.000 puestos de trabajo. También calculó una posible reducción de entre el 1,1% y el 1,5% en el volumen del comercio electrónico.
Como alternativa, se propone reforzar la capacidad de fiscalización de los organismos públicos mediante una mayor integración de datos de ARCA, la Dirección General de Aduanas y otras dependencias técnicas. El objetivo sería construir perfiles de riesgo, detectar operaciones sospechosas y concentrar los recursos de control en los casos con mayores probabilidades de irregularidad.
Entre las medidas planteadas también figura la revisión de las diferencias regulatorias entre los distintos regímenes de importación, junto con la simplificación de los procedimientos de certificación y homologación de productos. Asimismo, se propone evaluar los costos que dificultan la comercialización formal de mercadería.
Otra de las iniciativas consiste en facilitar la incorporación de pequeños vendedores a la economía formal mediante asistencia y mecanismos simplificados de regularización tributaria, con la posibilidad de que las plataformas digitales colaboren en ese proceso.
Por último, se plantea establecer un sistema permanente de estadísticas sobre comercio electrónico e informalidad para medir la evolución de estas actividades y mejorar el diseño de las políticas de control.
