La primera propuesta obtuvo aprobación unánime y busca regular el accionar de las agencias que reclaman pagos sin recurrir a la Justicia. Entre sus principales objetivos se encuentra impedir que las gestiones de cobro se conviertan en mecanismos de hostigamiento hacia los deudores o su entorno familiar y laboral.
La normativa establece restricciones a las comunicaciones durante los horarios de descanso y prohíbe involucrar a familiares o contactos laborales de las personas que mantienen obligaciones pendientes. También apunta a evitar que se divulgue información sobre las deudas entre terceros.
Durante el tratamiento legislativo, se incorporaron observaciones de distintos bloques. La Libertad Avanza acompañó el marco general de regulación, aunque expresó objeciones a cuatro artículos del proyecto.
Entre los puntos cuestionados estuvo la creación de un registro de agencias de cobranza, que el espacio consideró innecesario. También rechazó una disposición que contemplaba la intervención estatal en las condiciones de refinanciación, al entender que implicaba una mediación pública en acuerdos entre privados.
Otro de los artículos objetados fue el que establece la obligación de que todas las agencias cuenten con un abogado matriculado. Desde ese bloque consideraron que el requisito podría incrementar los costos de los procedimientos de cobro.
Además, propusieron endurecer las sanciones para quienes incumplan las restricciones. El legislador porteño Nicolás Pakgojz sostuvo que el objetivo es evitar situaciones de presión, humillación y hostigamiento, sin cuestionar la actividad crediticia ni el derecho de los acreedores a reclamar el cumplimiento de las obligaciones.
La segunda iniciativa aprobada crea una mesa de asesoramiento en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. El nuevo espacio estará destinado a personas que tengan comprometido más del 30% de sus ingresos en el pago de deudas y ofrecerá orientación y acompañamiento jurídico.
La Libertad Avanza se abstuvo en esta votación. El bloque había solicitado que la implementación de la medida no implicara gastos presupuestarios adicionales, condición que finalmente quedó contemplada en el texto aprobado.
Sin embargo, Pakgojz consideró que la Defensoría ya dispone de herramientas para atender consultas y brindar orientación a quienes atraviesan dificultades relacionadas con sus deudas. Por ese motivo, cuestionó la necesidad de crear una estructura específica para esa tarea.
Con ambas medidas, la Legislatura porteña avanzó sobre dos aspectos de la problemática del endeudamiento: las prácticas utilizadas para reclamar obligaciones impagas y la asistencia a quienes destinan una proporción elevada de sus ingresos al cumplimiento de sus compromisos financieros.
