El titular de la Corte señaló que el tribunal se encuentra por debajo de la cantidad de integrantes requerida para sesionar con normalidad. La situación se mantiene desde 2024 y obliga a convocar a un cuarto magistrado para poder llevar adelante las sesiones.
Pese a esas limitaciones, Torres informó que durante el último mes firmó más de 1.700 sentencias y resoluciones, tanto en su condición de presidente del cuerpo como en el ejercicio de su función jurisdiccional. Actualmente, comparte la integración del tribunal con Hilda Kogan y Daniel Soria.
La reducción de integrantes se produjo en 2024, tras la renuncia de Luis Genoud, quien falleció el año pasado. Desde entonces, las cuatro vacantes del máximo órgano judicial provincial continúan sin cubrirse.
El reclamo por la designación de nuevos magistrados fue planteado también en abril, cuando Torres presentó un proyecto de ley de autarquía para el Poder Judicial y volvió a solicitar que se completara la integración de la Corte. En esa oportunidad, sostuvo que cubrir los cargos vacantes constituye una condición necesaria para garantizar el funcionamiento institucional del Poder Judicial y el ejercicio de las competencias previstas en la Constitución.
La preocupación no se limita al máximo tribunal. De acuerdo con Torres, la falta de nombramientos afecta a distintos sectores de la Justicia bonaerense, donde numerosos cargos permanecen sin cubrir. Aunque aclaró que el sistema no se encuentra en una situación de colapso, advirtió que las vacantes perjudican su funcionamiento y reiteró la necesidad de que los poderes Ejecutivo y Legislativo avancen con las designaciones correspondientes.
Los últimos datos de la Suprema Corte provincial indican que el 17% de los cargos de jueces se encuentra vacante en todo el territorio bonaerense. La situación presenta diferencias según el fuero: en la Justicia penal juvenil, la proporción de puestos sin cubrir alcanza el 33%.
En el fuero civil y comercial, la vacancia es del 13%, mientras que en el penal llega al 15%. En los fueros laboral y de familia, el porcentaje asciende al 19%; en el comercial, al 22%; y en la Justicia de Paz, al 16%.
La falta de cobertura de cargos mantiene abierto el debate sobre la capacidad operativa del sistema judicial provincial y la necesidad de completar las designaciones pendientes, tanto en la Suprema Corte como en los tribunales inferiores.
