La causa investiga el presunto desvío de $35 millones del municipio hacia la cooperativa Manos a la Obra y ya fue elevada a juicio. En ese contexto, el abogado defensor de Orozco y Ortiz, Raúl Burela, presentó ante el fiscal Juan Ticheli una solicitud para avanzar mediante un juicio abreviado.
El planteo contempla que ambos acepten su responsabilidad por los delitos que se les atribuyen a cambio de penas de prisión en suspenso. Para Orozco se propuso una condena de dos años, mientras que para Ortiz se plantearon tres años de prisión condicional.
El acuerdo todavía debe atravesar distintas instancias antes de quedar firme. La propuesta requiere la aprobación del Ministerio Público Fiscal y de la parte querellante y, posteriormente, deberá ser homologada por el Tribunal Penal Colegiado N° 1.
Cornejo sostuvo que el avance del expediente permitiría cerrar una investigación que lleva tiempo en la Justicia. También señaló que la aceptación de responsabilidad por parte de los acusados constituiría un avance para esclarecer y sancionar un caso que, según indicó, está vinculado con falta de transparencia y corrupción.
El gobernador recordó además que en Mendoza hubo condenas contra otros exintendentes y exfuncionarios por hechos de corrupción y sostuvo que la admisión de culpabilidad planteada en este caso resulta positiva.
Respecto del posible acuerdo, Cornejo explicó que deberán intervenir el Ministerio Público y el juez de garantías. También destacó el rol de la Provincia como querellante a través de la Dirección de Cooperativas y señaló que el Gobierno provincial está dispuesto a respaldar un entendimiento que permita arribar a una condena.
El mandatario también cuestionó el desempeño de Elena Quintero, quien anteriormente ejercía la defensa de Orozco y Ortiz, y atribuyó a esa estrategia parte de las demoras que atravesó el proceso. Según Cornejo, la defensa habría extendido los plazos y terminado perjudicando a sus propios representados.
En cuanto a la situación de Orozco y Ortiz, el gobernador sostuvo que ambos son conscientes de que una eventual llegada a juicio podría exponerlos a penas mayores. También afirmó que quienes ocuparon cargos públicos deben responder ante la Justicia cuando son acusados de cometer delitos durante su gestión.
Por último, Cornejo señaló que, en caso de una condena, Orozco enfrentaría una inhabilitación para ejercer cargos públicos, en línea con lo ocurrido con otros intendentes mendocinos condenados, entre ellos Lobos y Salgado.
