Los ramales cumplen una función estratégica para la integración regional: el C-14 conecta con Chile, mientras que el C-15 se extiende hacia Bolivia. Para Sáenz, garantizar las inversiones en ambos corredores es fundamental para facilitar el traslado de la producción y mejorar las condiciones de acceso a los mercados internacionales.
El mandatario provincial también convocó a los representantes de Salta en el Congreso y a los legisladores del Norte Grande a respaldar el reclamo. Sostuvo que las obras deben quedar establecidas como una obligación contractual, independientemente de las diferencias políticas, y advirtió que la región no puede continuar postergando una infraestructura que considera clave para su desarrollo.
El planteo se produce en medio del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., iniciado por el Gobierno nacional en octubre de 2024, en el marco de la Ley de Bases. En agosto se avanzó con la convocatoria a una licitación pública nacional e internacional para concesionar durante 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.
El esquema previsto contempla un sistema de acceso abierto, planes de inversiones obligatorias y la posibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, según cuestionó Sáenz, las condiciones de la licitación no garantizan que las empresas adjudicatarias deban ejecutar las obras necesarias para asegurar el funcionamiento de los corredores que conectan con el norte salteño.
En busca de respaldo para modificar los pliegos, el gobernador mantuvo reuniones con representantes de siete cámaras que integran la mesa productiva y empresarial de Salta. Además, aseguró que viene realizando gestiones ante distintos funcionarios nacionales, entre ellos el jefe de Gabinete, el ministro de Economía y autoridades de Transporte.
El reclamo también se vincula con la discusión del Presupuesto 2027, en la que la provincia busca fortalecer sus planteos ante el Poder Ejecutivo y el Congreso. Para la administración salteña, la incorporación de las obras como compromisos obligatorios es una condición necesaria para evitar que los ramales queden relegados dentro del nuevo esquema ferroviario.
Uno de los principales argumentos económicos está relacionado con el costo del transporte. Según las estimaciones de Sáenz, trasladar la producción salteña hasta el puerto de Rosario encarece los costos entre un 30% y un 40%, dependiendo del caso. El gobernador sostuvo que esta situación reduce la competitividad de los productos regionales frente a los de otras zonas del país y del exterior.
La privatización del Belgrano Cargas forma parte de la estrategia del Gobierno nacional para reformar el sistema ferroviario de mercancías. La administración de Javier Milei sostiene que la empresa estatal presenta un déficit operativo, una estructura de personal sobredimensionada y una organización que no se corresponde con las necesidades actuales del sector.
Desde el Ejecutivo también señalan que, mientras la producción agropecuaria nacional se multiplicó por seis durante los últimos 50 años, el volumen de cargas transportado por el Belgrano Cargas se mantuvo en niveles similares durante los últimos 15 años. Con la concesión, el objetivo oficial es mejorar la eficiencia, atraer inversiones y aumentar la competitividad del transporte ferroviario.
El modelo propuesto establece una separación entre la administración de la infraestructura y la operación de los trenes. De esta manera, el concesionario deberá mantener las vías y gestionar su utilización, mientras que diferentes empresas podrán operar sus propios trenes y pagar un peaje por el uso de la red.
Este sistema de acceso abierto busca permitir la participación de operadores logísticos, compañías cerealeras y empresas mineras, sin que una sola firma tenga la exclusividad comercial de los ramales. Para el Gobierno, el cambio también permitiría reducir el gasto público: la estimación oficial contempla un ahorro de al menos $78.000 millones en transferencias corrientes una vez que la concesión quede en manos privadas.
En paralelo, en agosto el presidente Javier Milei y el ministro de Economía dispusieron, mediante un decreto, la creación de un fideicomiso destinado exclusivamente a administrar los fondos obtenidos por la venta de locomotoras y vagones de la empresa estatal.
Mientras avanza el proceso de concesión, Salta busca que la integración ferroviaria con Chile y Bolivia quede contemplada de manera concreta en los compromisos de inversión. La discusión central pasa por definir si las obras de los ramales C-14 y C-15 serán una opción para los futuros concesionarios o una obligación dentro del contrato.
