El pedido está dirigido al intendente Arturo Rojas, de Nueva Necochea, y apunta a recuperar un sistema de gestión descentralizada que funcionó desde 2009 y comenzó a operar plenamente en 2010. Según los productores, aquel esquema permitía organizar mejor las tareas, controlar los ingresos y conocer qué recursos estaban disponibles para las obras.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el estado de los caminos, especialmente en la franja costera del distrito. Los productores advierten que hay tramos destruidos, sectores inundados y vías que dificultan tanto la salida de la producción agropecuaria como el acceso a los establecimientos rurales.
La propuesta de recuperar el ente no se limita a reclamar mayores partidas presupuestarias. Los productores sostienen que también es necesario mejorar la planificación, contar con personal capacitado y establecer controles sobre los trabajos realizados.
El Ente Descentralizado Vial Rural fue creado en 2009 con el objetivo de separar la administración de los caminos de otras áreas municipales y asegurar que los fondos de la tasa vial se utilizaran específicamente para ese servicio. Durante su funcionamiento, contaba con responsables administrativos y personal operativo que permitían hacer un seguimiento de la recaudación, los montos pendientes de cobro y los recursos disponibles para las tareas de mantenimiento.
Aunque los productores reconocen que los fondos comprometidos no siempre ingresaban en su totalidad, consideran que el sistema ofrecía mejores herramientas de organización y control. Según su planteo, el deterioro se profundizó cuando la tasa dejó de estar vinculada exclusivamente con la red rural y comenzó a utilizarse también para cubrir gastos de otros servicios municipales, entre ellos agua y cloacas.
Por ese motivo, el reclamo incluye el acceso a información precisa sobre cuánto recauda el municipio y qué proporción de esos recursos se destina efectivamente a los caminos. En marzo, el grupo inició un amparo colectivo para obtener documentación oficial sobre el origen y la utilización de los fondos.
La causa judicial continúa en trámite. Tras el rechazo de una recusación por parte de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, el expediente regresó al juzgado de Necochea, donde permanece a la espera de una resolución. Los productores, además, preparan una nueva presentación basada en documentación pública para reclamar que la recaudación de la tasa se aplique al mantenimiento vial rural.
La dimensión del problema también se refleja en los costos que afrontan los propietarios rurales. Necochea cuenta con aproximadamente 1.400 kilómetros de caminos rurales, de los cuales unos 400 corresponden a la red provincial. Según los productores, la tasa municipal ronda los $2.200 mensuales por hectárea, aunque el importe varía de acuerdo con la superficie.
En comparación, mencionan que en distritos como Benito Juárez, Tandil y San Cayetano los valores se ubican entre $700 y $900 por hectárea, mientras que, según su evaluación, los caminos presentan mejores condiciones.
Las críticas también alcanzan la metodología de reparación. Los productores cuestionan la forma en que se realizan los trabajos de entoscado y el tratamiento de los desagües, y sostienen que la falta de planificación hidráulica y supervisión puede agravar el deterioro en lugar de resolverlo.
Las consecuencias exceden la actividad agropecuaria. En las zonas costeras, las inundaciones pueden dejar caminos intransitables y complicar la circulación, mientras que en sectores más elevados también hay tramos destruidos o interrumpidos. La situación afecta el traslado de mercadería y el acceso a servicios de salud, educación y otras actividades cotidianas.
En las últimas semanas, el municipio convocó a los productores a una reunión para analizar la posibilidad de restablecer el Ente Vial Rural. Los impulsores del reclamo mantienen sus dudas sobre el alcance de la propuesta, aunque señalaron que continuarán participando de las instancias de diálogo.
El objetivo es que el organismo vuelva a contar con funciones específicas y recursos destinados exclusivamente a la conservación de los caminos, además de sumar respaldo de concejales opositores para impulsar una solución que tenga continuidad más allá de los cambios de gestión.
Hasta el momento, el municipio no había respondido a las consultas realizadas sobre el reclamo.
