La participación de Máximo Kirchner en la administración de sociedades hoteleras, la adquisición de propiedades y la firma de contratos con empresas vinculadas a Lázaro Báez ocupa un lugar central en la acusación judicial por presunto lavado de activos. La investigación sostiene que esas operaciones habrían permitido canalizar fondos provenientes de la obra pública hacia el patrimonio de la familia Kirchner.
El expediente examina el funcionamiento de Hotesur SA, propietaria del hotel Alto Calafate, y de la inmobiliaria Los Sauces. La Justicia debe resolver si ambas causas se juzgarán de manera conjunta, debido a las conexiones que presentan las maniobras investigadas.
Según la acusación fiscal, entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2016 habría funcionado una asociación ilícita integrada por los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y personas de su entorno. La hipótesis sostiene que la organización habría utilizado una estructura de sociedades, contratos y operaciones inmobiliarias para apropiarse de fondos públicos y disimular su origen mediante préstamos, alquileres, compras de propiedades y mejoras en establecimientos hoteleros.
En ese esquema, los investigadores atribuyen a Máximo Kirchner un papel relevante en la constitución y administración de las empresas. De acuerdo con el requerimiento fiscal, participó junto a su padre en la conformación de Hotesur y junto a ambos progenitores en la creación de Los Sauces. Además, habría actuado en representación de sus padres mediante un poder general que le permitía realizar operaciones comerciales y financieras.
La acusación incluye la adquisición de la cadena hotelera y del establecimiento Las Dunas, así como la intervención en contratos para delegar la administración de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas a Valle Mitre, una firma vinculada a Báez. También le atribuye la firma de documentación societaria, la aprobación de balances y estados contables, la designación de autoridades y el manejo de cheques y fondos de las compañías.
Uno de los puntos centrales de la investigación es el financiamiento de Valle Mitre. Según la documentación analizada, la empresa no habría contado con recursos propios suficientes para afrontar los pagos de alquiler a la familia Kirchner. Para sostener su actividad, habría recibido más de 70 millones de pesos entre 2009 y 2013 mediante transferencias de Austral Construcciones, firma cuya actividad dependía de contratos de obra pública.
Parte de esos recursos habría regresado a Hotesur bajo el concepto de alquileres. La acusación calcula que, a través de ese mecanismo, ingresaron más de 27,5 millones de pesos a las cuentas de la familia Kirchner. Los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, en El Chaltén, estaban bajo la administración de Valle Mitre.
El expediente también cuestiona contratos de alojamiento suscriptos con otras constructoras vinculadas a Báez. Según la hipótesis fiscal, se alquilaron habitaciones del hotel Alto Calafate que no habrían sido utilizadas, ya que los trabajadores que supuestamente debían hospedarse allí se encontraban realizando tareas a más de 300 kilómetros de distancia.
Otro capítulo involucra operaciones inmobiliarias realizadas en Santa Cruz. La acusación sostiene que Máximo Kirchner intervino en la venta de al menos diez propiedades a empresas vinculadas al empresario, además de participar en transacciones relacionadas con terrenos fiscales en El Calafate. Según los investigadores, algunas de esas operaciones habrían permitido obtener liquidez para financiar la adquisición de los hoteles.
Entre los documentos incorporados a la causa figura un poder general de administración y disposición otorgado por sus padres el 31 de mayo de 2003. También consta la aceptación de una donación de 10.000 acciones de Hotesur, realizada el 1 de diciembre de 2008, y la intervención posterior en contratos, actas de asamblea y decisiones de administración de la sociedad.
La investigación incluye, además, movimientos de dinero registrados como créditos o retiros de fondos. Según la acusación, Máximo Kirchner habría recibido un total de $2.443.845,18 entre 2008 y 2013 mediante operaciones que no habrían cumplido con los procedimientos societarios correspondientes para distribuir utilidades o dividendos.
Las pericias contables realizadas durante la investigación también detectaron, según el requerimiento fiscal, falta de documentación respaldatoria para una parte de los movimientos financieros de Hotesur. La acusación sostiene que esas operaciones fueron avaladas mediante la intervención del diputado en la administración de la firma.
El expediente reconstruye asimismo la compra del paquete accionario de Hotesur por US$4,9 millones y la adquisición del hotel Las Dunas por US$700.000. A esas transacciones se suman las operaciones con empresas constructoras y el circuito de cheques mediante el cual, según la hipótesis investigada, se habrían canalizado fondos provenientes de la obra pública.
La definición sobre la eventual unificación de las causas Hotesur y Los Sauces será relevante para determinar cómo se analizarán judicialmente las operaciones y los vínculos entre las sociedades involucradas. Por el momento, los hechos descriptos forman parte de la acusación fiscal y deberán ser evaluados en el proceso judicial.
