La presentación fue realizada por el abogado denunciante Gregorio Dalbón, quien busca determinar cómo se estructuraron las operaciones, qué entidades financieras participaron y si existieron comisiones u honorarios injustificados. La investigación también apunta a establecer si las transacciones ocasionaron un perjuicio económico para el Estado.
La denuncia alcanza al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del BCRA, Santiago Bausili; al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet; y al subsuperintendente del área e integrante del directorio, Nicolás Marcelo Ferro.
Entre los posibles delitos mencionados figuran administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También se plantea la hipótesis de una asociación ilícita, cuya existencia debería acreditarse mediante la investigación.
El planteo se apoya en el resultado negativo de las operaciones con opciones sobre oro registrado durante 2025. Según la auditoría de los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de ese año, aprobada por la Auditoría General de la Nación (AGN) mediante la Resolución 205/2026, estas transacciones arrojaron una pérdida de $1.469.155 millones, equivalente a unos US$1.023 millones, incluidos los egresos de divisas.
El monto se compone de US$960,2 millones correspondientes al resultado negativo de las opciones y otros US$62,8 millones en concepto de primas. A partir de estas cifras, la ampliación busca esclarecer las condiciones contractuales, la razonabilidad de los precios de ejercicio, el costo total de las operaciones y la efectividad de la cobertura financiera obtenida por el organismo.
Uno de los puntos centrales es la posible participación de Deutsche Bank como contraparte. La presentación menciona información publicada previamente sobre la intervención de esa entidad en contratos vinculados con el oro argentino. De acuerdo con esa hipótesis, las operaciones habrían funcionado como una cobertura ante una eventual caída del precio del metal, mediante la venta a terceros del derecho a comprarlo por encima de los US$3.000 por onza, en un escenario en el que la cotización de mercado superaría los US$4.000.
Sin embargo, el escrito aclara que esta descripción no surge del informe de auditoría de la AGN y que deberá ser corroborada mediante el acceso a los contratos originales.
También se pidió investigar si las entidades financieras involucradas percibieron comisiones, honorarios o márgenes por montos que no estén debidamente justificados. La presentación menciona una cifra superior a los US$60 millones, aunque solicita que su existencia y composición sean verificadas durante el proceso judicial.
Otro aspecto que se busca esclarecer es la presunta negativa del BCRA a entregar a la AGN copias de los contratos. Según los antecedentes citados en la denuncia, esos documentos serían necesarios para conocer las condiciones pactadas, las autorizaciones otorgadas y los criterios utilizados para seleccionar a las entidades intervinientes.
La presentación también señala que Caputo y Bausili tuvieron vínculos laborales previos con Deutsche Bank. El planteo no considera que ese antecedente constituya por sí mismo una irregularidad, pero solicita que se determinen los procedimientos de selección de la contraparte y los controles aplicados antes y durante las operaciones.
Para preservar la evidencia, el denunciante pidió que las medidas alcancen los correos institucionales de la Presidencia y del Directorio del Banco Central, además de las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos. También solicitó acceder a los servidores y a los registros de ingreso, modificación y gestión de archivos relacionados con las transacciones.
El requerimiento comprende las comunicaciones mantenidas durante 2024 y 2025 con Deutsche Bank y otras entidades financieras involucradas. El objetivo es reconstruir el proceso de negociación, identificar a quienes intervinieron en las decisiones y establecer los costos asociados a cada contrato.
Como fundamento para solicitar el allanamiento, la presentación sostiene que la documentación decisiva se encuentra bajo custodia del mismo organismo cuyas autoridades fueron denunciadas, por lo que considera necesario garantizar su conservación. Ante la posibilidad de que los registros electrónicos sean modificados, ocultados o eliminados, también pidió que, si no se autoriza el procedimiento, se ordene judicialmente al BCRA entregar la documentación y preservar su integridad.
Además, la ampliación requiere información al Banco Central y a Deutsche Bank, consultas a la Comisión Nacional de Valores y a la Unidad de Información Financiera, y cooperación internacional de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). También solicita la intervención de peritos contables y especialistas en instrumentos financieros derivados para evaluar los contratos, las comisiones y el costo integral de las operaciones.
Finalmente, el abogado pidió que se cite a declaración indagatoria a Ferro, Caputo, Bausili y Curutchet, así como a otras personas que pudieran resultar responsables a partir de las pruebas reunidas. La investigación deberá determinar cómo se eligieron las contrapartes, cuáles fueron las condiciones económicas de las transacciones y si existió algún beneficio indebido.
Las medidas solicitadas buscan establecer si las operaciones respondieron a una estrategia de cobertura financiera justificada o si hubo irregularidades que ocasionaron un perjuicio patrimonial al Estado. Estas cuestiones permanecen sujetas a investigación y no implican, por sí mismas, que se hayan acreditado delitos.
