Aunque hubo coincidencias sobre la necesidad de avanzar con obras y sostener políticas públicas a largo plazo, el encuentro también estuvo atravesado por las diferencias políticas entre las provincias y el Gobierno nacional. Los representantes más cercanos a la Casa Rosada insistieron en la importancia de alcanzar acuerdos federales y establecer una visión común para enfrentar los problemas del país.
Antes de la reunión, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, lanzó críticas a una eventual llegada de Axel Kicillof a la Presidencia y advirtió sobre las posibles consecuencias para las provincias. Mencionó la posibilidad de nuevos cortes de rutas y piquetes, cambios en la distribución de la coparticipación, conflictos por tierras, modificaciones en los regímenes de inversión y un eventual regreso de las retenciones que afectaron al sector agropecuario durante el conflicto de 2008.
También planteó interrogantes sobre el impacto que tendría ese escenario en Neuquén y Río Negro, por las inversiones vinculadas con Vaca Muerta; en Córdoba, por la política de retenciones; en Santa Fe, por la lucha contra el narcotráfico, y en Salta, por el desarrollo minero.
En ese marco, Santilli sostuvo que el Gobierno busca trabajar con los mandatarios provinciales que promueven un modelo económico orientado a atraer inversiones y generar empleo. El funcionario, encargado de las negociaciones políticas con las provincias, tenía previsto participar de la actividad junto con Federico Sturzenegger.
La reunión del CFI contó con la presencia de Kicillof, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, entre otros representantes provinciales.
Durante la apertura de la cumbre, los participantes coincidieron en que las deficiencias de infraestructura representan un obstáculo para la actividad económica. Los problemas de conectividad y transporte elevan los costos de traslado de mercaderías y afectan la competitividad de las economías regionales.
Con distintos enfoques, los mandatarios defendieron la necesidad de un programa federal de infraestructura que permita impulsar la producción y mejorar las conexiones entre las provincias. En ese contexto, destacaron el financiamiento y la asistencia técnica que brinda el CFI, organismo que fue objeto de cuestionamientos desde sectores del Gobierno nacional, donde se lo considera un espacio de articulación política entre gobernadores.
El encuentro se desarrolló en el marco de una cumbre federal de logística que reunió a cerca de mil asistentes, entre técnicos, empresarios y representantes del sector. Durante las exposiciones, los gobernadores priorizaron los puntos de acuerdo y la necesidad de garantizar continuidad en determinadas políticas públicas, especialmente las relacionadas con las obras de infraestructura.
Llaryora señaló que una de las preocupaciones compartidas por los mandatarios es el fenómeno climático conocido como Súper Niño y sus posibles consecuencias. También remarcó la necesidad de combinar el ordenamiento de la economía con inversiones en infraestructura y una política industrial.
Por su parte, desde el entorno de Frigerio señalaron que la agenda del Congreso no formó parte de las conversaciones durante la cumbre. Según esa postura, las negociaciones con la Casa Rosada continúan desarrollándose de manera individual entre el Gobierno nacional y cada provincia.
Al finalizar el encuentro, los gobernadores evitaron hacer declaraciones a la prensa y no respondieron públicamente a las advertencias de Santilli sobre un eventual cambio de orientación política nacional. Tampoco se pronunciaron sobre las posibles consecuencias para los proyectos vinculados con Vaca Muerta, la infraestructura para exportar hidrocarburos y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Los reclamos por obras públicas se mantienen como un punto de coincidencia entre mandatarios de distintos espacios políticos desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. Mientras las provincias insisten en la necesidad de inversiones para sostener la actividad productiva, la estrategia nacional apunta a ampliar la participación privada mediante concesiones viales.
En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó recientemente contratos para ocho corredores viales que atraviesan 11 provincias. La iniciativa forma parte del esquema de concesiones impulsado por el Gobierno para la gestión de rutas nacionales.
