Unos 180.000 abogados matriculados están habilitados para votar, aunque la participación no es obligatoria y las estimaciones indican que suele concurrir cerca del 20% del padrón. Los comicios se desarrollarán entre las 9 y las 18, con un peso importante de la Ciudad de Buenos Aires, que concentra el 40% de los electores.
La elección definirá cuatro representantes de la abogacía, cuyos mandatos se extenderán hasta 2030. La distribución de los cargos se realizará mediante el sistema proporcional D’Hondt, en función de los votos obtenidos por cada lista. En los comicios de 2022, las tres agrupaciones que participaron consiguieron representación en el Consejo.
Aunque las campañas incluyeron propuestas sobre la regulación de los honorarios profesionales y una mayor participación de los abogados en la selección de magistrados, las alianzas políticas ocupan un lugar central en la competencia. Las cuatro listas reflejan diferentes acuerdos entre agrupaciones profesionales, dirigentes partidarios y referentes vinculados con la actividad judicial.
La nómina Unidad en defensa de la abogacía, encabezada por Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento, reúne a distintos sectores del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y otras agrupaciones profesionales. El espacio mantiene acuerdos que ya se habían expresado en elecciones anteriores del Consejo de la Magistratura y del colegio porteño.
La lista cuenta con el respaldo de la Unión Cívica Radical, en una alianza vinculada con el dirigente Daniel Angelici, y con la participación del PRO a través del espacio Abogados en Acción, que aportó a la segunda candidata. Biglieri fue interventor de la Unión Obrera Metalúrgica y formó parte del Consejo de la Magistratura de Buenos Aires. Sarmiento, por su parte, dejó su cargo como secretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno de San Juan.
Ricardo Gil Lavedra, expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y exintegrante del tribunal que juzgó a las juntas militares, aparece como una de las principales figuras de esta propuesta. La lista aspira a conseguir tres de los cuatro lugares en disputa, luego de haber quedado a unos 900 votos de ese resultado en la elección anterior.
El peronismo y el kirchnerismo porteño respaldan la nómina Abogacía unidad y dignidad profesional, que lleva a Itatí Demarchi Arballo como primera candidata. La dirigente preside el Colegio de Abogados de Villa María, en Córdoba, y es la única mujer que encabeza una de las cuatro listas.
El segundo lugar corresponde a Jorge Rizzo, fundador de la agrupación Gente de Derecho y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Rizzo también presidió en cuatro oportunidades el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.
Entre los referentes políticos de este espacio se encuentran Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación y dirigente del peronismo porteño, y el senador nacional Mariano Recalde, cercano a la expresidenta Cristina Kirchner.
Por primera vez, La Libertad Avanza competirá con una nómina propia bajo el nombre Abogacía por la libertad. La lista está encabezada por Luis Palomino, concejal de Vicente López, quien solicitó una licencia para participar de los comicios. Su candidatura cuenta con el respaldo de Karina Milei y está vinculada con el armado político bonaerense del espacio, en el que tiene un papel destacado Sebastián Pareja.
El objetivo de la agrupación libertaria es conseguir una banca que le permita ampliar su representación en el Consejo. Actualmente, el oficialismo cuenta con Santiago Viola como representante del Poder Ejecutivo y con el diputado nacional Gonzalo Roca dentro de su esquema de representación.
La cuarta propuesta es Abogacía federal, encabezada por Fernando Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y de la entidad provincial. La agrupación reúne a sectores del radicalismo y del peronismo, con una base de apoyo en la provincia de Buenos Aires.
Entre sus respaldos figuran Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y exintegrante del Consejo de la Magistratura; el senador nacional radical Maximiliano Abad y el exconsejero Miguel Piedecasas. Molea volverá a integrar el organismo en representación de las universidades.
La elección de los abogados se produce en medio de la renovación de los integrantes del Consejo, un cuerpo de 20 miembros que reúne representantes de jueces, abogados, legisladores y académicos. La mayoría de los mandatos está próxima a vencer, aunque el presidente del organismo, Horacio Rosatti, continuará en su cargo, al igual que Viola en representación del Poder Ejecutivo.
Los jueces ya eligieron a sus cuatro representantes en una votación realizada diez días antes. También se definió la representación de los rectores universitarios, mientras que permanecen pendientes algunas bancas correspondientes a profesores, legisladores y otros sectores. La elección de los representantes académicos se encuentra atravesada por un proceso judicial, y también resta resolver la cobertura de determinados lugares correspondientes al Congreso.
La conformación definitiva del Consejo será determinante para el equilibrio entre los distintos espacios políticos que participan de sus decisiones. En ese escenario, La Libertad Avanza busca ampliar su presencia, mientras que el kirchnerismo podría perder parte de su influencia, en una disputa en la que los acuerdos entre las listas serán centrales para definir las mayorías dentro del organismo.
