La indigencia llegó al 8% y la pobreza, al 34,4%. Ambos indicadores superaron los registros de un año antes, cuando eran del 6,9% y el 31,4%, respectivamente, y los del trimestre previo, de 7% y 30%.
Hasta mediados del año pasado, estos indicadores sociales habían mostrado una tendencia descendente tanto en la comparación interanual como entre trimestres.
Sin embargo, desde el tercer trimestre del año pasado se observa, por tercera vez, un aumento de la pobreza y la indigencia.
La EPH representa a la población urbana, estimada en 30 millones de personas durante el semestre analizado. Esto significa que más de 10 millones viven en hogares urbanos pobres.
Frente al segundo trimestre de 2025, se contabilizan unos 800.000 pobres más, entre ellos casi 300.000 personas que pasaron a ser indigentes.
Si se proyectan los resultados a los 46,7 millones de habitantes del país, habría 16 millones de personas pobres, de las cuales 3,7 millones serían indigentes.
Agustín Salvia, del Observatorio de la UCA, señaló que los microdatos indican que “más allá de las oscilaciones coyunturales, los datos vuelven a mostrar la persistencia de un núcleo estructural de pobreza del orden del 30% de la población y de pobreza extrema cercana al 10%”.
También sostuvo: “No se trata de un “piso natural”, sino de una expresión de déficits acumulados de integración laboral, productividad, educación, hábitat, acceso a servicios y protección social. La desaceleración inflacionaria puede eventualmente reducir la pobreza estadística cuando mejoran los precios relativos de los alimentos -y no se actualizan en el método los precios de las tarifas y servicios-, pero en nada modifica las condiciones estructurales de privación que afectan al menos a un tercio de la sociedad”
Los especialistas vinculan el incremento registrado durante la primera mitad del año con la reducción de los ingresos disponibles de las personas y las familias, producto de las subas en los servicios y las tarifas reguladas por el Estado nacional y los gobiernos provinciales, como el transporte, la electricidad, el agua y el gas. También señalan el avance del trabajo informal y de pocas horas, como las changas y los repartos.
De acuerdo con la medición del INDEC, además se agravó la precariedad de quienes continuaron en situación de privación. Entre las dificultades figuran la falta de acceso a los tres servicios básicos —gas, agua corriente y desagües— y la ausencia de cobertura médica de obras sociales o mutuales en hogares que permanecieron en la pobreza.
