La última instancia de negociación se desarrolló bajo la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, pero las conversaciones finalizaron sin un entendimiento. De esta manera, quedaron firmes las cesantías comunicadas por la compañía a comienzos de septiembre.
La empresa había solicitado la apertura de su concurso preventivo menos de un mes atrás y sostuvo que la reducción de personal responde a la necesidad de adecuar su estructura al nivel de actividad disponible y preservar la continuidad de la explotación. También rechazó las acusaciones de vaciamiento y atribuyó parte de sus dificultades financieras a problemas vinculados con el manejo de fondos y cobranzas correspondientes a obligaciones anteriores a la presentación judicial.
Pese al cierre de la negociación laboral, la compañía manifestó que mantiene abierta la posibilidad de analizar alternativas para atender la situación de los trabajadores y sostener la actividad.
El conflicto laboral se desarrolla en paralelo a una situación judicial que sumó nuevas medidas sobre los activos de la empresa. El Juzgado Comercial N° 21 dispuso la indisponibilidad de US$13,5 millones depositados en una entidad bancaria, en medio de los reclamos por los salarios adeudados y las denuncias vinculadas con un eventual vaciamiento.
En el expediente también quedó consignada la existencia de otro depósito de la compañía por casi US$16 millones en otra entidad financiera. El juez interviniente reclamó que se aclare y acredite el destino y la disponibilidad de esos fondos y que se explique cómo su existencia resulta compatible con las dificultades denunciadas para afrontar regularmente las obligaciones laborales.
Entre ambas cuentas, los depósitos mencionados alcanzan una suma cercana a los US$30 millones.
La situación generó además movilizaciones de los trabajadores. El lunes, empleados de la compañía se concentraron frente al Juzgado Comercial N° 21 para reclamar que se priorice el pago de los cuatro meses de salarios adeudados y el aguinaldo una vez que avance el concurso preventivo.
La apertura formal del proceso concursal todavía no se concretó debido a una disputa de competencia que debe resolver la Cámara entre los juzgados comerciales N° 1 y N° 21. Mientras se espera esa definición, otro juzgado comercial dispuso la inhibición general de bienes y un embargo por $605 millones contra la empresa a raíz de una ejecución iniciada por una entidad bancaria, que reclama una deuda vinculada con una cuenta corriente de una sucursal ubicada en Paternal.
Con los despidos confirmados, uno de los principales interrogantes pasa ahora por el pago de las indemnizaciones. Para avanzar con ese proceso primero deberá definirse qué juzgado tendrá a su cargo el concurso y luego designarse un síndico, que tendrá entre sus funciones determinar los créditos que deberán ser reconocidos y pagados.
El esquema indemnizatorio quedaría encuadrado en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla el pago de la mitad de la indemnización correspondiente a un despido sin causa cuando existe falta o disminución de trabajo que no sea atribuible al empleador.
La crisis se profundizó durante los últimos meses y derivó en la presentación en concurso preventivo del grupo empresario a mediados de septiembre. El proceso alcanzó a Granja Tres Arroyos y a otras sociedades vinculadas, entre ellas una firma que opera la antigua planta Cresta Roja en Esteban Echeverría, otra compañía con actividad en Río Cuarto, Córdoba, y la sociedad que funciona como matriz del grupo.
En la documentación presentada ante la Justicia, la empresa reconoció una deuda superior a los $126.000 millones vinculada con cheques rechazados. Entre los factores señalados para explicar el deterioro de su situación financiera aparecen la caída del mercado interno, la competencia del pollo importado desde Brasil, el cierre de mercados externos provocado por un brote de gripe aviar registrado en 2023 y el aumento de los costos de energía, logística y mano de obra.
El cierre de la conciliación obligatoria deja así definido el escenario laboral inmediato, mientras la situación concursal y las medidas judiciales sobre los fondos y bienes de la empresa continúan pendientes de resolución.
