El proyecto fue presentado por la diputada de La Libertad Avanza por Corrientes, Virginia Gallardo, y plantea modificaciones en distintos artículos del Código Penal. La iniciativa cuenta además con el acompañamiento de legisladoras de diferentes bloques.
Uno de los principales cambios apunta al artículo 62 y a la incorporación de un nuevo artículo 62 bis, con el objetivo de establecer que la acción penal no prescriba cuando se trate de delitos que contemplen las penas más graves del sistema, es decir, aquellos sancionados con prisión perpetua. La propuesta también modifica el artículo 65 para que la ejecución de esas condenas quede fuera de los plazos de prescripción.
El proyecto sostiene que la legislación vigente establece un plazo de 20 años para la prescripción de las penas perpetuas. Según los fundamentos de la iniciativa, esto podría impedir la ejecución de una sentencia firme únicamente por el transcurso del tiempo. Las autoras consideran que ese mecanismo resulta contradictorio frente a delitos para los cuales el propio Código Penal establece las sanciones más severas.
En ese sentido, el texto sostiene que, si determinados delitos reciben la pena máxima prevista por el ordenamiento, no resulta coherente que el Estado pierda la posibilidad de perseguirlos debido al paso del tiempo.
La iniciativa también toma como referencia un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se señaló que corresponde al Congreso establecer el régimen de prescripción, teniendo en cuenta cuestiones como la seguridad jurídica y el interés general.
Otro de los cambios previstos consiste en ampliar los plazos generales de prescripción de la acción penal. Para los delitos que tengan penas temporales, el límite pasaría de 12 a 15 años, mientras que en aquellos castigados únicamente con inhabilitación temporal el plazo aumentaría de uno a tres años.
El proyecto, además, reorganiza las disposiciones del artículo 67 del Código Penal, que actualmente reúne las causales de suspensión e interrupción de la prescripción. La propuesta crea un nuevo artículo 67 bis para diferenciarlas e incorpora nuevos supuestos.
Entre las causales de suspensión se contemplan situaciones vinculadas con la duración de procesos de prueba y determinadas condiciones de conciliación. En materia de interrupción, se agregan la declaración de rebeldía y el pedido de extradición.
La reforma también modifica los artículos 119 y 120, referidos a los delitos contra la integridad sexual. En este punto, propone elevar los máximos de las penas para distintas modalidades de abuso sexual y aumentar las sanciones correspondientes a los casos agravados.
Entre las modificaciones aparece además la incorporación del concepto de “apoyo designado judicialmente” como circunstancia agravante. Al mismo tiempo, se elimina la referencia a la reclusión y se unifica la terminología bajo el concepto de prisión.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, el objetivo de los cambios es fortalecer la respuesta del Estado frente a los delitos considerados más graves, sin modificar las garantías procesales previstas por el ordenamiento jurídico.
Desde su asunción en diciembre del año pasado, Gallardo presentó tres iniciativas. Las anteriores estuvieron relacionadas con una declaración sobre la emergencia hídrica en Corrientes y con los premios Martín Fierro.
