Ante esta realidad, se resaltó la urgencia de implementar un régimen de transparencia fiscal para que “la gente empiece a ver” el peso real de los impuestos en los precios.
También se destacó que la estructura impositiva vigente “afecta principios constitucionales” y requiere modificación. Que iniciativas como el Régimen de Inversiones para Empresas Pequeñas y Medianas (RIMI) están ofreciendo una “luz al final del túnel”, ya que facilitan inversiones en tecnología y mejoran la amortización de bienes semovientes.
En cuanto a las valuaciones de la hacienda de invernada, se argumentó que deben ser equitativas para quienes realizan cría, y subrayó que “prácticamente no existe un adelanto del impuesto antes de las ventas”.
Respecto a los Derechos de Exportación (DEX), se menionó que, “si bien se han reducido y se proyecta una baja cercana al 50% para 2028, resulta fundamental su derogación futura una vez que se logre el equilibrio fiscal”.
Al analizar los impuestos provinciales, se puso el foco en Ingresos Brutos, uno de los tributos con mayor nivel de recaudación del país. En ese sentido, se cuestionó la continuidad de este impuesto y se planteó que el problema no radica únicamente en la regulación del convenio multilateral, sino también en la base imponible que utilizan las provincias para determinar la recaudación. Se cuestionó el esquema al considerar que genera un impacto negativo sobre los contribuyentes y afecta especialmente a distintos sectores de la actividad económica, como la industria, el comercio y la producción.
Al abordar la situación de los quebrantos impositivos, se señaló que el tratamiento vigente resulta desfavorable para los contribuyentes, especialmente por la falta de actualización de esos saldos frente al efecto de la inflación. En ese sentido, se planteó que los productores con quebrantos acumulados enfrentan un escenario complejo debido a las limitaciones de la normativa actual, aunque podrían evaluar reclamos por vía judicial bajo el argumento de una posible afectación al principio de no confiscatoriedad.
El encuentro cerró con cuestionamientos al funcionamiento del Sistema Simplificado Agrícola, al que se consideró un esquema de control desactualizado que requiere una revisión para avanzar hacia un modelo más moderno y eficiente.
Desde el sector señalaron que el objetivo no es reducir los controles, sino mejorar su funcionamiento mediante herramientas que permitan detectar y corregir inconsistencias de manera anticipada. En ese sentido, se planteó que mantener sistemas diseñados bajo criterios antiguos puede afectar la eficiencia y la capacidad operativa de la actividad.
Como cierre, se destacó que el escenario político actual podría abrir la posibilidad de corregir estas dificultades y se remarcó que una mejora del sistema tributario y administrativo resulta más relevante para el agro que una simple reducción de impuestos.
