El planteo apunta principalmente a la denominada “Jurisdicción 91”, identificada como “Obligaciones a cargo del Tesoro”, que contempla una partida de $14,8 billones. También señaló al “Programa 99”, correspondiente a “Otras Asistencias Financieras”, que tiene asignados unos $7,7 billones.
Yacobitti sostuvo que dentro del proyecto presupuestario ya están contemplados los aproximadamente $3 billones necesarios para aplicar de manera completa la Ley de Financiamiento Universitario. Según su planteo, la falta de ejecución de esos recursos responde a una decisión política del Gobierno.
El dirigente universitario también cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de apelar un fallo de primera instancia relacionado con la aplicación de la ley y planteó como alternativa utilizar partidas que ya forman parte del proyecto de Presupuesto 2027 para atender las necesidades del sistema universitario.
La “Jurisdicción 91” depende de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Carlos Guberman, y presenta una particularidad dentro de la estructura presupuestaria: no funciona como un ministerio o una secretaría tradicional, ya que no cuenta con sede propia, personal ni una autoridad política equivalente a la de un ministro.
Su función consiste en concentrar créditos que pueden ser utilizados posteriormente para financiar gastos y transferencias de distintos organismos estatales. De esta manera, Hacienda mantiene bajo su órbita el control sobre esos recursos y puede definir su asignación durante la ejecución presupuestaria.
Dentro de esa jurisdicción se encuentran partidas destinadas, entre otros fines, a cubrir déficits de empresas públicas vinculadas con distintos sectores del Estado, entre ellas Ferrocarriles y Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa). Los créditos correspondientes no necesariamente aparecen registrados en las reparticiones administrativas que tienen bajo su órbita a esas empresas.
El proyecto prevé un fuerte incremento de los fondos destinados a la Jurisdicción 91 respecto de la proyección para 2026. El aumento alcanza el 163%, mientras que la inflación estimada para 2027 se ubica en el 18%. Con los $14,8 billones presupuestados, “Obligaciones a cargo del Tesoro” se convierte en una de las partidas de mayor volumen del proyecto, si se excluyen los servicios de deuda pública y los servicios sociales.
Una parte importante de esos recursos está destinada a transferencias para cubrir los déficits de empresas estatales. El esquema permite que Hacienda conserve el control de los créditos durante el año y los utilice para atender las necesidades previstas, aun cuando correspondan a diferentes áreas de la administración.
El otro componente señalado en el reclamo es el programa “Otras Asistencias Financieras”, que concentra alrededor de $7,7 billones. Dentro de esa partida aparecen unos $1,5 billones destinados a gastos de personal, lo que le otorga particular relevancia debido al peso que tienen los créditos salariales en el funcionamiento del Estado.
La existencia de la Jurisdicción 91 se remonta a la década de 1990 y responde a un mecanismo diseñado para que Hacienda conserve el control sobre determinados gastos estatales. La lógica es mantener allí créditos destinados a compromisos específicos para evitar que puedan ser reasignados por otras áreas de la administración a necesidades diferentes.
El Gobierno tiene previsto avanzar durante octubre con el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027 en el Congreso. En ese marco, el planteo de Yacobitti propone utilizar parte de los recursos concentrados en estas partidas para financiar los aproximadamente $3 billones que, según su interpretación del proyecto, permitirían cumplir de manera integral con la Ley de Financiamiento Universitario.
La discusión se desarrolla mientras el Poder Ejecutivo mantiene su decisión de apelar el fallo de primera instancia relacionado con la normativa y mientras el Congreso comienza a analizar la distribución de los recursos previstos para el próximo ejercicio.
