La organización de derechos humanos que interviene en el expediente pidió además que se revoquen los sobreseimientos de Martín Coste, exresponsable de la Dirección Operacional de Contrainteligencia, y Carlos Tonelli Banfi, exdirector de Eventos Especiales de la AFI. A su vez, reclamó que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sea apartado de la investigación.
El planteo se produjo después de que los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaran en otro expediente los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani. En esa resolución, consideraron inválida una prueba digital debido a inconvenientes en la cadena de custodia de los discos rígidos.
La investigación que ahora se busca reabrir tiene como eje 403 fichas elaboradas por la AFI durante la organización de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), realizada en Buenos Aires en 2017, y la cumbre del G20 de 2018.
Los documentos fueron encontrados en enero de 2020 por la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Estaban guardados en tres sobres dentro de un sector restringido de la Dirección de Contrainteligencia y contenían perfiles sobre las posiciones políticas e ideológicas de distintas personas.
Entre los datos incluidos figuraban referencias a posibles vínculos partidarios, militancia social y sindical, creencias religiosas y opiniones políticas. En algunos casos se consignaban expresiones como “Podemos inferir que es kirchnerista”, “manifiesta una postura cercana al gobierno”, “devoción por el catolicismo” y “comparte permanentemente posteos en contra del gobierno”.
La organización que presentó el reclamo sostiene que estos registros excedían la evaluación de eventuales riesgos de seguridad y constituían un mecanismo de clasificación ideológica.
A principios de septiembre, Martínez de Giorgi había sobreseído a Arribas, Majdalani, Coste y Tonelli Banfi sin haberlos convocado previamente a indagatoria. El magistrado consideró que las actividades desarrolladas por la AFI estaban vinculadas con razones de seguridad nacional, teniendo en cuenta la importancia de los dos acontecimientos internacionales.
La presentación cuestiona esa interpretación y sostiene que la decisión fue prematura. Según el planteo, no existen elementos concretos que permitan establecer que las personas sobre las que se recopiló información representaran un riesgo para la OMC o el G20.
Otro de los puntos discutidos está relacionado con el origen de la información. El juez había señalado que parte de los datos provenían de fuentes abiertas, como las redes sociales. La organización respondió que la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe recopilar o almacenar información basada en opiniones políticas.
También fueron cuestionados datos que, según la presentación, habrían sido obtenidos mediante intercambios con otros organismos estatales. Entre ellos aparece información sobre una reunión del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) que la AFI habría registrado como proveniente de “fuentes propias”. Para los denunciantes, ese dato podría indicar una eventual infiltración en una reunión interna de una organización política legal.
Martínez de Giorgi también consideró que el hecho de que la mayoría de las fichas hubiera recibido un “color verde” durante el proceso de evaluación indicaba que las posiciones políticas de las personas no habían sido determinantes para su acreditación en los eventos. El planteo presentado ante la Cámara sostiene, en cambio, que la prohibición legal alcanza a la recopilación y sistematización de esa información independientemente de si tuvo consecuencias sobre el ingreso a las actividades.
La presentación también señala una contradicción entre la información que la AFI había entregado oficialmente y los documentos encontrados posteriormente. La agencia había negado tener información o intervenir en el proceso de acreditación de la conferencia de la OMC. Entre quienes habían solicitado conocer los datos que el Estado tenía sobre ellos estuvo el académico Francisco Cantamutto, a quien la AFI había asegurado no conocer, pese a que una de las fichas lo identificaba como integrante de “un grupo de economistas de izquierda kirchnerista”.
Arribas, Majdalani, Coste y Tonelli Banfi nunca fueron indagados. En 2021, la fiscal federal Paloma Ochoa había considerado que existían elementos suficientes para convocarlos a declarar, pedido al que posteriormente se sumó la organización que interviene en la causa. Sin embargo, las indagatorias no se concretaron y los sobreseimientos fueron dictados mientras esos pedidos todavía estaban pendientes.
El fiscal Franco Picardi también apeló los sobreseimientos. En su presentación sostuvo que existían indicios suficientes para avanzar con las indagatorias y que las tareas de selección y elaboración de perfiles realizadas por la AFI podían estar alcanzadas por las prohibiciones establecidas en la Ley Nacional de Inteligencia.
Ahora, la Cámara Federal deberá definir si mantiene el cierre dispuesto por Martínez de Giorgi o si revoca los sobreseimientos y permite que la investigación continúe. En caso de que el expediente sea reactivado, la organización reclamó además que sea asignado a otro magistrado, al considerar que existe un temor fundado respecto de la intervención del juez que ya se pronunció sobre los hechos sin haber indagado a los imputados.
