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La Corte Suprema restableció el control estatal sobre los aumentos de las prepagas y declaró inconstitucional parte del DNU 70/2023

20 noviembre, 2026
in Política
La Corte Suprema restableció el control estatal sobre los aumentos de las prepagas y declaró inconstitucional parte del DNU 70/2023
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La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que habían eliminado los controles estatales sobre las cuotas de la medicina prepaga. Con esta decisión, el máximo tribunal restableció los mecanismos de supervisión previstos en la legislación vigente y determinó que los incrementos deberán volver a contar con autorización y control de las autoridades competentes.

El pronunciamiento se originó en una demanda contra una empresa de medicina prepaga, presentada después de que el valor del plan SM02 aumentara un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Durante ese período, la cuota pasó de $136.161,21 a $301.218,02.

En su resolución, los jueces también dejaron sin efecto el límite vinculado con el Índice de Precios al Consumidor que había establecido la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. En lugar de imponer un tope general a los aumentos o disponer una reducción de los valores actuales, la Corte determinó que debe recuperarse el esquema de regulación estatal de las cuotas.

Para fundamentar su decisión, el tribunal consideró que el Poder Ejecutivo no acreditó las circunstancias excepcionales que exige la Constitución Nacional para legislar mediante un decreto de necesidad y urgencia. En particular, cuestionó que los argumentos utilizados para justificar la emergencia no demostraran una relación concreta con la desregulación del sistema de medicina prepaga.

A partir de este criterio, quedaron nuevamente vigentes los mecanismos contemplados en la Ley 26.682, que establece que las actualizaciones de los aranceles deben estar respaldadas por variaciones comprobables en los costos y por cálculos actuariales razonables sobre los riesgos cubiertos.

Los magistrados aclararon que la declaración de inconstitucionalidad alcanza exclusivamente a los dos artículos cuestionados y a las disposiciones vinculadas con el sector de la salud. La sentencia tampoco implica un pronunciamiento sobre la validez del resto del DNU 70/2023.

El alcance del fallo también tiene una particularidad: su efecto directo se limita al expediente judicial que dio origen a la controversia. Por ese motivo, la Cámara Federal de La Plata deberá emitir una nueva sentencia siguiendo los criterios establecidos por el máximo tribunal.

El especialista en derecho a la salud Manuel Luaces explicó que el pronunciamiento constituye un antecedente relevante para los amparos que ya se encuentran en trámite y para eventuales reclamos individuales. Sin embargo, advirtió que todavía existe una contradicción normativa con el Decreto 102/2025, una cuestión que deberá resolverse mediante una intervención del Estado o a través de decisiones judiciales en cada expediente.

En este escenario, los afiliados que consideren injustificados los incrementos de sus cuotas o entiendan que los aumentos comprometen la continuidad de su cobertura pueden recurrir a instancias administrativas y judiciales para solicitar una revisión.

Entre las medidas recomendadas se encuentra reunir las facturas y los comprobantes de pago desde fines de 2023, con el objetivo de reconstruir los montos abonados y determinar la evolución de los incrementos.

Con esa documentación, los usuarios pueden presentar un reclamo formal ante la empresa prestadora y ante la Superintendencia de Servicios de Salud, detallando los aumentos que consideran irregulares. En caso de contar con un amparo judicial en curso o evaluar el inicio de una acción, también pueden consultar con un abogado especializado para incorporar el nuevo criterio de la Corte Suprema al planteo.

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