El planteo fue realizado por un abogado argentino mediante el mecanismo conocido como Tip, Complaint or Referral (TCR), un sistema que permite acercar información al organismo regulador. La presentación no solicita una recompensa económica y se apoya en documentación pública, antecedentes judiciales y datos vinculados con la auditoría de los estados financieros del Banco Central.
El objetivo es que la SEC establezca si existen elementos para examinar posibles pagos, honorarios o comisiones relacionados con las operaciones, así como los registros contables y los mecanismos de control de las instituciones que pudieron intervenir. El escrito aclara que no presenta como hechos probados la existencia de sobornos, pagos ilegales ni delitos por parte de entidades privadas, sino que solicita verificar si hubo irregularidades.
Uno de los puntos centrales es la identificación de las contrapartes financieras. En ese contexto, el documento menciona a Deutsche Bank AG como una entidad cuya participación fue informada públicamente, aunque aclara que el BCRA no confirmó oficialmente esa intervención y que todavía debe ser corroborada mediante documentación.
La presentación también solicita determinar si alguna comisión, tarifa o pago relacionado con los contratos fue ofrecido o entregado a funcionarios extranjeros, de manera directa o a través de intermediarios. Asimismo, plantea revisar si los costos y eventuales pagos a terceros quedaron debidamente registrados y sometidos a controles contables y de cumplimiento normativo.
Como antecedente, el escrito recuerda que en 2021 la SEC sancionó a Deutsche Bank por deficiencias en sus controles internos y en sus registros contables, en un caso relacionado con pagos a intermediarios vinculados con funcionarios extranjeros. Sin embargo, aclara que aquella sanción no constituye una prueba de que se haya repetido una situación similar en las operaciones del Banco Central argentino.
El componente económico del planteo tiene como principal respaldo una auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados financieros del BCRA al 31 de diciembre de 2025. El informe incluyó un párrafo de énfasis referido a operaciones con opciones financieras cuyo activo subyacente era el oro.
Según los datos incorporados a la presentación, las transacciones con derivados liquidadas en dólares generaron un resultado negativo de ARS 1,469 billones, equivalente a aproximadamente US$ 1.023 millones. Ese monto se desglosa en ARS 1,400 billones, unos US$ 960,2 millones, correspondientes al resultado negativo en opciones, y otros ARS 68.362 millones, equivalentes a US$ 62,8 millones, en concepto de primas de opciones.
El documento advierte que la diferencia entre ambos conceptos requiere una explicación técnica. En particular, sostiene que el resultado negativo en opciones equivale a cerca de quince veces las primas pagadas y plantea la necesidad de conocer qué tipo de contratos se utilizaron, cuáles eran sus límites de riesgo y cómo estaban conformadas las posiciones financieras.
La presentación también analiza la posibilidad de que se haya implementado una estrategia conocida como collar de costo cero, que consiste en comprar opciones de venta y financiar esa operación mediante la venta de opciones de compra. Este mecanismo permite establecer un piso ante una eventual caída del precio del activo, aunque limita las ganancias cuando su cotización supera determinado nivel.
No obstante, el escrito señala que esa estructura no aparece detallada en el informe técnico de la AGN ni fue explicada oficialmente por el Banco Central. Por ese motivo, considera necesario acceder a los contratos para confirmar si efectivamente se utilizó esa estrategia.
Frente a los cuestionamientos, el BCRA sostuvo que las operaciones deben evaluarse de manera integral y destacó que el incremento internacional del precio del oro permitió revalorizar sus tenencias. Según la explicación oficial, el resultado neto de la posición alcanzó los US$ 2.505 millones durante 2025. En ese mismo ejercicio, el balance registró una ganancia de ARS 8,002 billones por diferencias de cotización del metal.
La presentación plantea que ese resultado patrimonial debe diferenciarse de los movimientos efectivos de divisas utilizados para liquidar los contratos financieros. En ese sentido, sostiene que la valorización de las reservas de oro no permite establecer por sí sola cuál fue el impacto de las operaciones sobre las disponibilidades líquidas en moneda extranjera.
Otro de los aspectos cuestionados es la falta de información pública sobre las condiciones de los contratos. El documento señala que no se difundieron detalles sobre las contrapartes, las comisiones, los márgenes, las autorizaciones internas ni los criterios utilizados para seleccionar a las entidades financieras participantes. También menciona que la AGN habría encontrado restricciones para acceder a documentación relacionada con las transacciones.
En paralelo, el Banco Central informó que mantuvo una tenencia de 61,7 toneladas de oro, equivalentes a 1.984.960,60 onzas troy. Durante 2024, parte de los lingotes fue trasladada desde bóvedas locales al Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza. La explicación oficial fue que el movimiento respondió a una estrategia de rebalanceo destinada a mejorar las condiciones comerciales y ampliar las alternativas de liquidez, sin modificar el volumen total de las reservas.
Sobre este punto, la presentación menciona distintas versiones acerca de la ubicación física y registral de los lingotes, con referencias al BIS y a bóvedas del Banco de Inglaterra. Sin embargo, no afirma que el oro haya sido entregado en garantía. Solicita que esa posibilidad sea verificada mediante los acuerdos correspondientes y las confirmaciones de las operaciones.
El escrito también incorpora referencias a funcionarios del área económica y del Banco Central, entre ellos el presidente de la entidad, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En el caso del titular del BCRA, pide establecer si tuvo participación en la aprobación, supervisión, conocimiento o ratificación de las operaciones, sin atribuirle una decisión personal sobre los contratos. También menciona a integrantes del directorio en función de sus responsabilidades institucionales.
La cuestión tiene, además, una derivación judicial en Argentina. Después de conocerse el informe de la AGN, el fiscal Carlos Pollicita solicitó medidas de prueba ante el juez federal Ariel Lijo para investigar posibles responsabilidades en la administración de las reservas internacionales.
Ahora, el planteo presentado ante el organismo estadounidense busca que la SEC determine si la información disponible justifica una revisión dentro de sus competencias o si corresponde remitir los antecedentes a otra autoridad de ese país.
