La discusión tuvo lugar el 29 de octubre y reunió a distintos sectores del empresariado. Por un lado, la ronda de negocios vinculada con el RIGI convocó a unas 1.800 compañías y concretó alrededor de 2.500 reuniones comerciales. Por otro, el Movimiento Nacional Pyme (MONAPY) organizó un encuentro de empresarios, legisladores y representantes judiciales para debatir las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. La jornada contó con la participación del exministro de Economía Alfonso Prat-Gay como expositor invitado.
Alejandro Bestani, presidente de MONAPY, planteó que las pequeñas y medianas empresas llevan décadas reclamando beneficios similares a los que contempla el RIGI para los grandes proyectos de inversión. Aclaró que el planteo no implica cuestionar el régimen ni las inversiones que puede atraer, sino extender las condiciones favorables a otros sectores de la actividad productiva.
El dirigente también puso en duda que la cantidad de reuniones comerciales realizadas en Rosario pueda tomarse como una señal anticipada de nuevos negocios. Según explicó, será necesario observar cuántos de esos contactos terminan convirtiéndose efectivamente en contratos y oportunidades concretas para los proveedores nacionales.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la diferencia entre el tratamiento que reciben los grandes proyectos de inversión y las condiciones que enfrentan las pymes. Mientras los primeros cuentan con incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, las empresas más pequeñas continúan afrontando costos impositivos y laborales que, según el sector, limitan sus posibilidades de crecer.
El reclamo también está relacionado con las expectativas que había generado el actual Gobierno, que había planteado al sector privado como uno de los motores de la recuperación económica. Sin embargo, desde el ámbito pyme consideran que todavía no se implementaron las reformas necesarias para mejorar su situación.
Entre los problemas mencionados aparecen la falta de alivio tributario, las dificultades para conseguir créditos y los costos asociados al empleo. A ese escenario se suma la contracción del consumo interno, un factor especialmente sensible para un sector en el que cerca del 90% de las empresas depende de las ventas dentro del país.
La caída del poder adquisitivo de los consumidores, junto con el incremento de los costos fijos y las tasas de interés, complica el funcionamiento cotidiano de numerosos establecimientos. Bestani también expresó preocupación por el cierre de empresas, aunque cuestionó la forma en que algunas estadísticas oficiales contabilizan la cantidad de unidades productivas, debido a la inclusión de trabajadores monotributistas.
Otro punto de discusión fue la posibilidad de reconvertir las actividades industriales afectadas por la competencia de productos importados. Desde MONAPY advirtieron que cambiar el perfil productivo de una fábrica requiere inversiones, capacitación, conocimientos específicos y tiempo.
Como ejemplo, señalaron que una industria textil no puede transformarse rápidamente en proveedora de la actividad minera o del sector del litio. Además, remarcaron que detrás de cada establecimiento existen trabajadores y familias cuyo sustento depende de la continuidad de la producción.
Por su parte, el exministro de Economía Alfonso Prat-Gay coincidió con buena parte de ese diagnóstico y describió una economía con fuertes diferencias entre sectores productivos, regiones y tamaños de empresas.
En su análisis, la minería y los hidrocarburos muestran tasas de crecimiento cercanas al 10% anual, mientras que una parte importante del resto de las actividades permanece estancada. Como ejemplo, mencionó la situación de pequeñas empresas de Neuquén que, pese a encontrarse en una provincia beneficiada por la expansión de Vaca Muerta, todavía enfrentan dificultades para aprovechar ese crecimiento.
Entre las propuestas planteadas para mejorar el escenario de las pymes apareció la posibilidad de ampliar el aprovechamiento de los créditos fiscales generados por el impuesto al cheque. Prat-Gay también respaldó la creación de una Agencia Federal Pyme que tenga participación en las decisiones económicas del Gobierno.
Los planteos realizados en Rosario reflejaron así dos dimensiones de la actividad empresarial: por un lado, las oportunidades que buscan aprovechar los grandes proyectos de inversión y, por otro, las demandas de las pequeñas y medianas compañías, que reclaman condiciones más favorables para sostener la producción, competir y generar empleo.
