Como ocurre habitualmente, Misiones fue la primera provincia en presentar sus proyecciones para el año siguiente. El cálculo fue elaborado con estimaciones propias de ingresos y gastos, ya que todavía no se encuentra presentada la proyección oficial del Gobierno nacional sobre la inflación prevista para 2027.
El proyecto contempla gastos por $5,2 billones, de los cuales $3,6 billones corresponden a la administración central y el resto a organismos descentralizados. En cuanto a los recursos, la provincia estima ingresos por $4,5 billones, con $4,4 billones provenientes de recursos corrientes y el resto de recursos de capital.
La diferencia entre ambas variables genera un resultado negativo previsto de $787.596 millones, equivalente al 15% de los gastos proyectados para el próximo año. Para cubrir ese faltante, la provincia deberá recurrir a distintas alternativas de financiamiento, como la emisión de deuda, la toma de préstamos o el incremento de obligaciones pendientes de pago.
Dentro de la estimación de ingresos se incluye la coparticipación federal de impuestos. Durante este año, las transferencias automáticas a las provincias alcanzaron $1,4 billones, con una baja real del 1,2% respecto de 2025. En el acumulado, las provincias recibieron $44,1 billones, con una disminución del 1,3%.
Las proyecciones para 2027 contemplan una posible recuperación de la recaudación tributaria, luego de un 2026 con una base de comparación más baja. Para ello, se espera una mejora de sectores de la economía como la industria y el comercio, acompañada por una recuperación del consumo y del poder adquisitivo de los salarios.
El esquema planteado por Misiones se diferencia de la política impulsada por el Gobierno nacional, que promueve el equilibrio fiscal y busca impedir la aprobación de presupuestos con déficit en el Congreso.
Passalacqua vinculó el resultado deficitario del proyecto con la reducción de transferencias y fondos nacionales hacia las provincias. En ese marco, cuestionó el recorte de partidas que, según expresó, comenzó en 2024 y continuó durante los ejercicios posteriores.
Entre los puntos señalados mencionó la interrupción del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la reducción de programas sanitarios, la falta de financiamiento para el Programa Remediar, la eliminación del fondo compensador del transporte y la disminución del financiamiento destinado a infraestructura vial federal.
También hizo referencia a una reducción en los fondos enviados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) para el sostenimiento de las cajas previsionales provinciales.
