Esta disposición mantiene una característica que ya estaba contemplada en la primera versión de la norma aprobada en diciembre de 2025. En aquella oportunidad, el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni adhirió al régimen en medio de cuestionamientos por el incremento de sus ingresos durante su paso por la gestión pública, evitando que se investigara el origen de esos fondos.
Otro punto que conserva el proyecto es la presunción de exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Bajo este criterio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) considera válida la información declarada para regularizar fondos no registrados, permitiendo acceder a una reducción en la carga del impuesto a las Ganancias y limitando futuras revisiones sobre la situación patrimonial.
La nueva iniciativa también elimina los límites que establecía la legislación vigente para acceder al régimen. Según la explicación oficial, la modificación busca ampliar la participación y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias.
La normativa actual establece determinados topes para ingresar al sistema, con un límite de ingresos anuales de $1.000 millones y un patrimonio máximo de $10.000 millones.
Además, el proyecto incorpora modificaciones sobre las condiciones para que ARCA pueda iniciar controles ante posibles inconsistencias en las declaraciones realizadas dentro del régimen.
Actualmente, el organismo puede avanzar con una auditoría cuando detecta una diferencia superior al 15% entre sus cálculos y la información presentada por el contribuyente. La nueva propuesta establece que, además de esa diferencia porcentual, el monto cuestionado deberá superar un umbral equivalente al 5% del monto considerado como evasión penal.
Antes de la aplicación de sanciones, la iniciativa contempla que el contribuyente pueda corregir la declaración presentada y abonar la diferencia correspondiente.
El proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno para modificar el esquema vigente de regularización de activos y obligaciones tributarias. La discusión en el Congreso estará centrada en los alcances del régimen, las condiciones de acceso y los mecanismos de control sobre los fondos incluidos.
