El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, reclamó que se implemente un esquema similar en Buenos Aires y solicitó específicamente el traspaso de la Autopista Presidente Perón, una obra que, según señaló, se encuentra detenida por decisiones de la administración nacional.
El planteo surgió después de que el Gobierno nacional acordara con Santa Fe la delegación de tareas de mantenimiento sobre la Ruta Nacional A012, que quedará bajo responsabilidad de esa provincia durante 20 años, aunque la titularidad continuará en manos del Estado nacional.
En ese contexto, Katopodis cuestionó al presidente Javier Milei y al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y sostuvo que la Provincia de Buenos Aires no recibe el mismo trato que otros distritos. Además, reiteró el pedido para que la Autopista Presidente Perón pase a la órbita provincial, al señalar que la obra estaba próxima a finalizarse antes de ser detenida.
El funcionario destacó que la autopista beneficia a unos 12 millones de bonaerenses y atraviesa 12 municipios, además de formar parte del tercer anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con conexión entre el Acceso Oeste y la autopista La Plata.
Katopodis también acusó al Gobierno nacional de perjudicar a la provincia por motivos políticos y electorales, y cuestionó que se busque gobernar un distrito mientras, según afirmó, se limitan sus recursos y posibilidades de gestión.
El acuerdo con Santa Fe fue firmado por autoridades nacionales y el gobernador Maximiliano Pullaro. Según lo establecido, la provincia asumirá tareas de reparación y mantenimiento de la Ruta Nacional A012, un corredor relevante para los accesos a los puertos del Gran Rosario, mientras que la jurisdicción seguirá perteneciendo al Estado nacional.
La normativa vigente permite que las provincias celebren convenios con la Dirección Nacional de Vialidad para administrar rutas dentro de sus territorios. Para ello, deben presentar planes de obras y mecanismos de financiamiento que requieren aprobación de la Secretaría de Transporte.
La medida se dio en paralelo al avance de un plan nacional sobre infraestructura vial, que incluye la apertura de ofertas económicas para una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones, con varios tramos de rutas nacionales incluidos dentro del proceso de concesión.
Las diferencias entre Nación y Provincia de Buenos Aires también se reflejaron en la discusión por la participación de la empresa estatal bonaerense Aubasa en procesos vinculados a corredores viales nacionales. La administración nacional había excluido a la compañía al considerar que no cumplía con determinados requisitos vinculados a la experiencia en obras viales y su situación patrimonial.
Desde la Provincia cuestionaron esa decisión y sostuvieron que respondía a motivos políticos. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que la intención era impedir que el distrito asumiera la administración de rutas.
Durante la disputa, Katopodis también cuestionó el proceso de licitación y defendió la capacidad de Aubasa para cumplir con las condiciones exigidas.
Por otra parte, el Gobierno bonaerense amplió los recursos destinados a infraestructura vial mediante fondos provenientes de un financiamiento internacional. El presupuesto de la Dirección de Vialidad provincial se incrementó en casi $48.752 millones para el Programa de Conectividad y Seguridad en Corredores Viales, que contempla trabajos en rutas provinciales y mejoras en infraestructura, sujeto al desembolso efectivo del préstamo.
