En La Libertad Avanza reconocen que los bloques opositores pueden coincidir en determinados temas y que esa dinámica podría repetirse frente a iniciativas de fuerte impacto social. La estrategia, de todos modos, estará marcada por acuerdos puntuales y por las posiciones que adopte cada espacio en cada proyecto.
En ese escenario también podrían adoptar posturas más confrontativas algunos bloques vinculados con gobernadores que hasta ahora acompañaron determinadas iniciativas del oficialismo. Es el caso de los representantes de Misiones y Salta, cuyos espacios respaldaron la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y acompañaron el tratamiento de los proyectos sobre morosidad y discapacidad.
La oposición enfrenta ahora el desafío de ordenar una agenda que incluye 48 proyectos de ley y resoluciones relacionados con la situación de endeudamiento de las familias. Frente a esto, el oficialismo busca administrar los tiempos parlamentarios y demorar, en la medida de lo posible, el avance de las iniciativas.
En ese marco, está previsto que se convoque a las comisiones de Discapacidad y Salud, por un lado, y a las de Finanzas y Defensa del Consumidor, por otro. Sin embargo, las primeras convocatorias no contemplarían a todas las comisiones que deberían intervenir en el tratamiento de los proyectos.
La comisión de Finanzas es presidida por Santiago Pauli, la de Discapacidad por Gerardo Huesen y la de Salud por Manuel Quintar, todos integrantes de La Libertad Avanza. El objetivo planteado es comenzar con el análisis de los proyectos durante la próxima semana.
Desde la oposición interpretan que la estrategia oficial busca iniciar el debate sin avanzar rápidamente hacia un dictamen y, de esa manera, reducir las posibilidades de que sus aliados participen de la sesión especial prevista para el 9 de septiembre.
Los sectores que consiguieron reunir los 133 votos en la última sesión consideran que deberán buscar alternativas para sostener ese número. Las comisiones convocadas, según explican, tendrán inicialmente un carácter informativo y no estarán orientadas a emitir dictámenes. La modalidad contemplaría la participación de algunos expositores para presentar sus posiciones.
En ese contexto, la oposición intenta mantener firme la convocatoria a una sesión especial para el 9 de septiembre. El objetivo es que exista una fecha concreta para avanzar hacia los dictámenes y evitar que el tratamiento de los proyectos quede postergado.
El oficialismo también evalúa que la estrategia parlamentaria puede influir sobre los diputados que responden a los gobernadores y, en consecuencia, afectar la posibilidad de reunir el quórum necesario.
Desde la oposición sostienen que fijar una fecha para dictaminar resulta clave porque, de lo contrario, La Libertad Avanza podría prolongar el debate en las comisiones. El argumento se apoya en la cantidad de personas alcanzadas por la problemática: según los proyectos presentados, la morosidad familiar afecta actualmente a unas 6,5 millones de personas.
En total, son 48 las iniciativas que buscan abordar el crecimiento del endeudamiento y las dificultades financieras de las familias.
Por otra parte, la prórroga por un año de la Ley de Emergencia en Discapacidad es una iniciativa impulsada por el diputado de Unión por la Patria Juan Marino y cuenta con respaldo de distintos bloques de la Cámara.
