Entre los citados también se encuentran el exdiputado Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés, las hijas de Eduardo Duhalde, María Eva y Juliana Duhalde, además de otras personas vinculadas con distintos ámbitos. Las audiencias comenzarán el 2 de octubre y se extenderán hasta el 9 de diciembre.
La medida había sido solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, luego de que la Cámara Federal resolviera, hace dos años, profundizar la investigación. La pesquisa no quedó limitada a los funcionarios que habrían permitido el acceso prioritario a las vacunas, sino que también alcanzó a quienes recibieron las dosis sin cumplir el orden establecido para la población.
La primera etapa de la causa, relacionada con los funcionarios que autorizaron las vacunaciones, ya fue elevada a juicio oral y público. El proceso quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 6, que actualmente tiene todos sus cargos vacantes.
En esa instancia hay tres personas imputadas por los delitos de abuso de autoridad y peculado: Marcelo Ariel Guille, exsecretario del entonces ministro de Salud Ginés González García; Alejandro Salvador Costa, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Alberto Maceira, exdirector ejecutivo del Hospital Posadas.
La situación de Ginés González García también fue investigada en el expediente. El exministro falleció a los 79 años, poco después de que se confirmara su procesamiento. González García había dejado el cargo en febrero de 2021, luego de que se conociera el escándalo por la vacunación irregular.
Entre quienes deberán presentarse a indagatoria también figuran el empresario marplatense Seza Manukian y Florencio Aldrey, junto con integrantes de su familia, además de Lucía Antolini y Néstor Eduardo Mandraccio, entre otros.
Según surge de la investigación, las personas alcanzadas por esta nueva etapa del expediente recibieron dosis de la vacuna Sputnik V en un momento en que las vacunas eran escasas y todavía no estaban disponibles para toda la población.
El dictamen fiscal sostiene que los elementos incorporados a la causa alcanzan el grado de sospecha requerido por el Código Procesal Penal para avanzar con las indagatorias. A los beneficiarios de las vacunaciones se les atribuye una posible participación necesaria en el delito de peculado de bienes.
El peculado contempla penas de entre dos y diez años de prisión y se configura cuando un funcionario público se apropia, utiliza indebidamente o desvía bienes o recursos del Estado que se encuentran bajo su administración, percepción o custodia en razón de su cargo.
