El fallo se produce en el marco de una condena ya firme que no solo implica una pena de prisión, sino también el decomiso de activos que se destinarán a indemnizar al Estado. De acuerdo con los detalles de la causa, el monto que debe ser restituido se eleva a cifras millonarias y ha sido actualizado a lo largo del tiempo, lo cual ha llevado a la necesidad de ejecutar los bienes de los condenados.
En este escenario, la resolución judicial permite avanzar sobre propiedades, empresas y otros activos relacionados con la ex mandataria y otros implicados en el caso, incluido el empresario Lázaro Báez. Esta medida representa un avance significativo en la etapa de ejecución de la sentencia, buscando asegurar la recuperación de los fondos públicos involucrados en uno de los escándalos de corrupción más notorios de los últimos años.
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