El juez federal Ariel Lijo requirió al Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, documentación sobre las colocaciones financieras realizadas con los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial), además del detalle de su utilización y la ejecución presupuestaria de distintos proyectos de infraestructura.
El pedido fue realizado mediante una resolución firmada el viernes. El magistrado solicitó los expedientes y actos mediante los cuales se impartieron instrucciones al Banco Nación en relación con el fideicomiso creado por el decreto 976/01 desde el 1° de enero de 2024. También requirió información sobre las colocaciones financieras realizadas con fondos del SisVial, un desglose por provincia y por obra de los recursos utilizados y la ejecución presupuestaria de los proyectos Bapin 130023, 130026 y 130027, discriminada según la fuente de financiamiento.
El SisVial fue creado en 2001 mediante el decreto 976 y estableció un fideicomiso que recibe recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. El objetivo específico de esos fondos es financiar la construcción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de la red vial. El Ministerio de Economía interviene en su aplicación y el Banco Nación cumple el rol de fiduciario.
Los proyectos Bapin incluidos en el requerimiento corresponden a obras paralizadas en las rutas nacionales 5 y 3, con un costo conjunto estimado en $23.000 millones.
Lijo también pidió información a la Dirección Nacional de Vialidad sobre los expedientes correspondientes a esas obras y sobre distintos proyectos en rutas nacionales que atraviesan La Rioja desde el 10 de diciembre de 2023.
Dentro de la investigación tiene particular relevancia la situación de la ruta nacional 76. En ese caso, la Justicia solicitó información sobre el convenio de Transferencia de Funciones Operativas (TFO), los motivos por los cuales no fue renovado y las tareas de mantenimiento realizadas por la provincia que todavía se encuentran pendientes de pago.
También se requirió información sobre el estado de las bases imprimadas que permanecen sin carpeta asfáltica en una obra de la ruta 76 y sobre las medidas adoptadas para su conservación.
Según los datos incorporados a la investigación, desde el inicio de la actual gestión nacional la subejecución de los recursos del SisVial alcanzó el 73,8%. Durante 2024 se utilizaron $40.668 millones de los $360.238 millones recaudados, equivalente al 11,3%.
En 2025 se ejecutaron $270.592 millones sobre una recaudación de $692.514 millones, mientras que entre enero y mayo de 2026 se utilizaron $83.144 millones de los $450.500 millones recaudados, equivalente al 18,5%.
En el período analizado se acumularon ingresos por $1.503.252 millones y se ejecutaron $394.406 millones.
La investigación se inició luego de cuestionamientos sobre el destino de una parte de esos recursos. En ese contexto, desde el Gobierno se reconoció que no todo lo recaudado mediante el sistema se destina al mantenimiento de rutas y que una parte de los fondos es utilizada por el Ministerio de Economía en el marco de la política de equilibrio fiscal.
A partir de esta situación, una diputada nacional por la provincia de Buenos Aires presentó una denuncia para que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el manejo de fondos públicos, entre ellos malversación, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionarios.
En la resolución del viernes, Lijo aceptó como querellantes al gobernador de La Rioja y a la legisladora que presentó la denuncia. La incorporación de ambos amplía la participación de los denunciantes en la causa judicial que analiza el destino de los recursos del SisVial.
La situación se da en paralelo a otros reclamos judiciales relacionados con el estado de las rutas nacionales. Durante este mes, un juez federal de Venado Tuerto ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad realizar reparaciones inmediatas y exhaustivas en las rutas nacionales 7, 8 y 33, en el sur de Santa Fe. La decisión se sumó a otros cinco fallos emitidos durante el último año en distintas provincias para exigir trabajos sobre rutas nacionales.
