Villar calificó de “arbitrario” el cambio de competencia y advirtió que la decisión podría “sembrar la duda acerca de la imparcialidad” de los magistrados Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, quienes integraron la mayoría que resolvió el traslado del expediente.
El fiscal también planteó la posibilidad de que la disputa por la competencia judicial esté relacionada con un eventual “forum shopping”, una práctica que consiste en intentar llevar una causa ante un tribunal considerado más favorable para alguna de las partes.
Según Villar, la resolución de la Cámara de Casación podría haber implicado una asignación de competencia al juzgado solicitado por la defensa de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, quienes son señalados en la investigación como presuntos testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
El 14 de agosto, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa regresara a la Justicia Federal de Campana, tal como habían solicitado los involucrados. La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de Borinsky y Barroetaveña, mientras que Alejandro Slokar se pronunció en disidencia.
La investigación está vinculada con una propiedad ubicada en Pilar que figura a nombre de Pantano y Conte. El inmueble incluye un haras, una importante cantidad de vehículos, varios de ellos de alta gama, y un helipuerto. La principal hipótesis bajo investigación apunta a determinar si la propiedad pertenece en realidad a dirigentes vinculados con la AFA.
Pantano figura como monotributista y, al momento de la denuncia, registraba una deuda bancaria superior a $2 millones. Conte, su madre, es jubilada y durante la pandemia recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.
La actuación de Barroetaveña en el expediente también generó cuestionamientos debido a su anterior vínculo con la AFA. El magistrado ocupó hasta noviembre del año pasado la presidencia del Tribunal de Ética de la entidad.
La investigación adquirió mayor dimensión a medida que avanzó y alcanzó a empresas relacionadas con la AFA. Luego de la resolución sobre la competencia, el expediente volverá a ser analizado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien había intervenido inicialmente en la causa antes de que se iniciara la disputa entre tribunales.
