La nueva prórroga mantendría las mismas condiciones que rigieron durante el período anterior y alcanzaría los salarios correspondientes a agosto, septiembre y octubre, que serán liquidados respectivamente en septiembre, octubre y noviembre.
El mecanismo no implica una reducción del salario de bolsillo de los trabajadores. El cambio se produce en la forma en que se calcula una parte de la remuneración: al considerar no remunerativo el 70% del salario, las empresas reducen la base sobre la que se determinan determinados aportes y contribuciones a la seguridad social.
Como condición para acceder al beneficio, alrededor de 70 empresas que adhirieron al acuerdo asumieron el compromiso de no realizar despidos sin causa justificada ni aplicar suspensiones por motivos económicos o de fuerza mayor mientras permanezca vigente el convenio. Además, la parte remunerativa del sueldo no podrá ubicarse por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
El esquema comenzó a aplicarse sobre los salarios de febrero, marzo y abril a partir de un acuerdo entre la Secretaría de Trabajo y representantes de las entidades empresarias y sindicales del sector. Posteriormente fue extendido para incluir mayo, junio y julio, y ahora se acordó una nueva prórroga por otros tres meses.
La medida implica un alivio para las compañías alcanzadas, al reducir temporalmente sus costos vinculados con aportes y contribuciones. Al mismo tiempo, durante el período de vigencia se reduce la recaudación asociada a esos conceptos.
Desde el sector empresario, sin embargo, consideran insuficiente una extensión de apenas tres meses y reclaman que el mecanismo se mantenga hasta fin de año. El argumento es que la situación de la actividad continúa siendo crítica y que las dificultades no se explican únicamente por el ingreso de productos importados, sino también por el deterioro del poder adquisitivo y la consecuente caída del consumo.
Los indicadores difundidos por el sector industrial muestran una contracción prolongada. Durante el primer semestre, la actividad textil registró una caída del 24,4% frente al mismo período de 2022, mientras que la utilización de la capacidad instalada alcanzó apenas el 46,6% en junio.
A esto se suma el cierre de establecimientos. Desde diciembre de 2023, se contabiliza la desaparición de 750 empresas y establecimientos vinculados con la actividad textil y de confección, equivalente a un promedio de 30 cierres mensuales durante más de dos años.
La situación también se refleja en el empleo y la inversión, además de la producción. Desde el sector advierten que la actividad continúa operando en niveles bajos y que todavía no se observa una recuperación sostenida pese a las señales de estabilización de algunos indicadores económicos.
El escenario generó reclamos para que las medidas de transición económica no profundicen la pérdida de empresas, puestos de trabajo y capacidad productiva. El planteo apunta a preservar la estructura industrial necesaria para una eventual recuperación de la actividad.
El Gobierno, por su parte, mantiene una posición crítica respecto de algunos planteos de la industria textil y de indumentaria. El ministro de Economía cuestionó en distintas oportunidades los precios de la ropa en el mercado argentino y también realizó críticas hacia empresarios del sector.
La discusión se mantiene así alrededor de dos problemas centrales para la actividad: la caída del consumo interno y las dificultades que enfrentan las empresas para sostener sus niveles de producción y empleo en un contexto de transformación de las condiciones del mercado.
