Entre los principales reclamos se encuentran la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la falta de restitución del FONID y de otros fondos nacionales destinados a la educación, además del rechazo a iniciativas que, según los gremios, afectan derechos laborales, previsionales y el acceso a la educación.
Los sindicatos también solicitan una revisión salarial urgente, mayores recursos para las escuelas y comedores escolares, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y expresan su rechazo a proyectos vinculados con el sistema educativo y a modificaciones en el régimen previsional.
La medida coincide con el regreso a clases previsto en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, además de Chaco y Santiago del Estero, aunque tendrá alcance nacional. El paro afecta principalmente a las escuelas públicas, aunque algunas instituciones privadas podrían adherir según las decisiones de sus autoridades o de los gremios correspondientes.
En paralelo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una jornada de paro nacional para la misma fecha, lo que tendrá impacto en el funcionamiento habitual de distintas dependencias públicas nacionales y provinciales.
La protesta involucra a docentes y auxiliares estatales de todo el país, así como a trabajadores de la educación bonaerense y del ámbito universitario. En la provincia de Buenos Aires, algunos sectores sindicales plantearon extender la medida de fuerza por 48 horas, incluyendo la jornada del martes 4.
Desde esos sectores señalaron que la inversión nacional en educación registró una fuerte reducción en términos reales entre 2023 y 2025, tanto en relación con el Producto Bruto Interno como en los programas destinados a la educación obligatoria y la infraestructura escolar.
También indicaron que la disminución de los recursos para programas educativos afectó políticas de inclusión, alfabetización, infraestructura, becas y acompañamiento de las trayectorias escolares. Además, cuestionaron las políticas presupuestarias aplicadas en distintas jurisdicciones y sostuvieron que impactaron en las condiciones salariales y laborales del sector.
Los cuestionamientos alcanzaron al Ministerio de Capital Humano, al que responsabilizaron por la situación que atraviesa la educación pública durante los últimos años.
Desde el Gobierno nacional informaron, a través del Consejo Federal de Educación, que se mantiene una prestación habitual cercana al 75% del servicio educativo ante la jornada de protesta.
Los sectores que impulsan la medida también cuestionaron las acciones del Ministerio de Capital Humano y sostuvieron que la cartera no tiene facultades para restringir el derecho de huelga garantizado por la Constitución. Además, afirmaron que el Estado nacional se encuentra alejado de la realidad que atraviesan las escuelas del país.
