En el Gobierno ya dan por sentada la eyección de un nuevo funcionario. Se trata de Ignacio Yacobucci, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de combatir contra el lavado de dinero. Fuentes oficiales argumentaron críticas a su gestión y falta de austeridad, pero desde la dirección del organismo pusieron el foco en las querellas que impulsó la entidad en causas por corrupción vinculadas al Gobierno anterior.
La salida “inminente” de Yacobucci se debe a los cuestionamientos que acumula dentro del Gobierno libertario por “demorar la adecuación del país a las normas internacionales para prevenir el blanqueo de dinero ilícito”, además de sospechas por la actuación de la UIF “en causas por narcotráfico y lavado de dinero”
A esas acusaciones suman supuestos viajes al exterior en primera clase que contradicen la política de austeridad que el presidente Javier Milei baja a todos sus funcionarios. Además, en el Gobierno consideran que la UIF no debería ser querellante en ninguna causa y señalan que “algunos Gobiernos lo vienen haciendo con total discrecionalidad”. “Para eso están los fiscales”, argumentan.
El Ejecutivo justifica esa posición con un documento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que instó a la Argentina a “reconsiderar la intervención de la UIF como parte querellante en procesos penales, en tanto dicha actividad podría afectar su autonomía e independencia operativa”. De esta forma, la Casa Rosada ratifica su intención de no ser apuntada por una presunta persecución a dirigentes opositores, planteo similar al utilizado cuando se quitó el apoyo al proyecto original de Ficha Limpia.
En ese marco, se espera que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, interrumpa sus vacaciones en Chile para tomar una definición sobre la continuidad de su funcionario, que está a cargo de la entidad antilavado desde su designación en febrero del año pasado.
