La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1178/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
El programa apunta a proteger el acceso a la energía de los hogares de menores ingresos y, al mismo tiempo, contribuir a la sostenibilidad fiscal. Entre sus objetivos también figuran garantizar el acceso al gas por redes y en garrafas, además de fortalecer las capacidades del Estado para diseñar, implementar y supervisar el esquema de asistencia.
Del total del financiamiento, US$494,5 millones se utilizarán para cubrir los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecidos por el Decreto 943/2025, y las bonificaciones correspondientes al régimen de Zona Fría, regulado por la Ley 25.565 y modificado por la Ley 27.637.
Otros US$5 millones se asignarán al fortalecimiento institucional y a la realización de estudios técnicos, mientras que US$500.000 se reservarán para administración, auditoría y evaluación del programa.
El acuerdo también permitirá reconocer hasta US$100 millones en subsidios al gas pagados entre el 28 de abril y el 5 de agosto de 2026, antes de la aprobación del préstamo. Para que esos gastos sean aceptados, deberán cumplir condiciones equivalentes a las previstas en el contrato.
La ejecución del componente destinado a las bonificaciones se dividirá en cuatro etapas, con desembolsos sujetos al cumplimiento de objetivos específicos. Durante las dos primeras fases, el financiamiento podrá cubrir hasta el 90% de los subsidios elegibles, porcentaje que aumentará al 95% en las dos últimas.
Para avanzar a la segunda etapa, el Gobierno deberá implementar un sistema de bonificaciones para los subsidios focalizados destinados a la compra de garrafas. En la tercera, tendrá que mejorar los mecanismos de identificación de beneficiarios y evitar la superposición de ayudas. También deberá presentar dos estudios sobre precios y comercios vinculados con la comercialización de garrafas, además de un análisis para rediseñar esa asistencia.
La cuarta fase estará condicionada a una actualización de los criterios de elegibilidad y de los niveles de consumo base utilizados para calcular los subsidios energéticos.
El préstamo contempla, además, recursos para mejorar los sistemas de información y la capacidad de gestión del programa. Se financiarán consultorías, equipamiento y estudios de mercado relacionados con el gas en garrafas, junto con evaluaciones de los bloques de consumo de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP).
También se realizarán análisis técnicos para fortalecer al organismo regulador del sector, incluidos estudios sobre la respuesta de la demanda ante cambios de precios y comparaciones de tarifas internacionales. El objetivo de estos trabajos será aportar información para revisar y simplificar el esquema tarifario.
En cuanto a las condiciones financieras, el crédito tendrá un plazo de devolución de 25 años desde la firma del contrato, con pagos semestrales. La primera cuota de capital vencerá a los 66 meses de la entrada en vigencia del acuerdo. Los intereses también se abonarán cada seis meses, con una tasa vinculada a la SOFR y una comisión de crédito que no podrá superar el 0,75% anual.
El período previsto para realizar los desembolsos será de cuatro años. Antes de recibir el primero, el Gobierno deberá aprobar el reglamento operativo del programa y designar un equipo de ejecución integrado por un coordinador y especialistas en cuestiones técnicas, financieras y de adquisiciones.
La implementación estará a cargo del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía. La administración operativa, financiera, contable y presupuestaria, así como las compras y el seguimiento del programa, quedarán bajo la responsabilidad de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales.
Por su parte, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad actuará como organismo subejecutor en las tareas vinculadas con el equipamiento de los sistemas de datos y los estudios destinados a fortalecer la regulación. Para ello, deberá firmar previamente un convenio con el organismo responsable de la ejecución.
En la evaluación de la operación, el Banco Central consideró que el impacto macroeconómico sobre la balanza de pagos sería limitado. A su vez, la Oficina Nacional de Crédito Público no presentó objeciones, al considerar que el costo financiero del préstamo es inferior al que el país podría obtener en el mercado.
Finalmente, el decreto habilita al ministro de Economía, a los funcionarios que designe y al secretario de Finanzas a suscribir el contrato y acordar modificaciones, siempre que no impliquen cambios sustanciales en el destino de los fondos, aumentos del monto autorizado ni alteraciones del procedimiento arbitral.
