En ese marco, Novelli reclamó que la Cámara Federal confirme la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de apartar como querellantes a cinco inversores que habían denunciado haber sido perjudicados por la operatoria.
La presentación también buscó desvincular al presidente Javier Milei de una eventual maniobra defraudatoria. Según el planteo, la publicación que el mandatario realizó en la red X el 14 de febrero de 2025 para anunciar el proyecto, y que luego eliminó, no tendría relevancia penal.
La defensa sostuvo que ese mensaje no prometió rentabilidad, estabilidad en el precio, respaldo estatal ni cobertura frente a posibles pérdidas. Según el planteo, la publicación presentó un proyecto privado destinado a impulsar el financiamiento de pequeñas y medianas empresas mediante tecnología blockchain.
El argumento central de la presentación es que las pérdidas derivadas de operaciones especulativas o de la volatilidad de un activo no configuran por sí mismas el delito de estafa. Para que exista esa figura penal, sostuvo la defensa, debe acreditarse un engaño que haya provocado un error en el inversor y determinado una disposición patrimonial perjudicial.
En ese sentido, también cuestionó que los inversores hayan sido víctimas de un engaño por temor a quedar fuera de la oportunidad de inversión. Según el planteo, esa conducta supone asumir voluntariamente el riesgo propio de una operación especulativa y no demuestra, por sí misma, la existencia de una falsedad que haya inducido a los compradores a invertir.
La defensa también afirmó que quienes realizaron las operaciones conocían las características y riesgos del mercado de criptoactivos. Por ese motivo, sostuvo que la fluctuación del valor de un activo no puede convertir automáticamente a sus compradores en víctimas de una estafa.
De confirmarse el apartamiento de los querellantes, la investigación mantendría una hipótesis vinculada con posibles negociaciones incompatibles con la función pública, que alcanza al presidente Milei por su intervención pública en torno al lanzamiento de $LIBRA. El avance de esa línea de investigación quedaría principalmente en manos del fiscal Eduardo Taiano.
La causa continúa además con otras medidas judiciales. Antes de la feria, Martínez de Giorgi ordenó congelar 25 direcciones de criptoactivos en distintas plataformas y dispuso que se identifique a los titulares de esas cuentas a partir de información aportada por organismos especializados de la Policía Federal.
En paralelo, un grupo de inversores analiza avanzar con una demanda civil por daños y perjuicios contra los imputados, luego de que fracasara una instancia de mediación.
El expediente también incorporó información sobre los vínculos previos entre Novelli y el entorno presidencial. El empresario había desarrollado actividades vinculadas con la capacitación en trading e inversiones y mantuvo una relación profesional con Milei desde antes de su llegada a la Presidencia.
Según la documentación incorporada a la causa, Novelli también tuvo encuentros con funcionarios y referentes del Gobierno y participó en la organización de actividades vinculadas con el sector de las criptomonedas. De esas actuaciones surgieron comunicaciones con integrantes del entorno presidencial y documentación relacionada con la promoción del activo digital.
La Sala I de la Cámara Federal deberá resolver ahora si confirma el apartamiento de los cinco inversores como querellantes. La decisión determinará quiénes podrán intervenir activamente en la investigación, proponer medidas de prueba y recurrir las resoluciones que se adopten durante el proceso.
