En este contexto, el Partido Justicialista emitió un comunicado defendiendo la Ley de Tierras, en el cual cuestiona la propuesta gubernamental de alterar el régimen actual. El texto argumenta que la ley se fundamenta en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y afirma que la tierra debe ser considerada un “bien natural estratégico, escaso y no renovable”, lo que requiere protección especial contra las dinámicas del mercado.
Además, el PJ destaca que las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros tienen un trasfondo histórico en Argentina, recordando que estas limitaciones se han manifestado en varias etapas de la legislación nacional, desde el Decreto Ley 15.385 de 1944 hasta la Ley de Tierras promulgada en 2011. Según el documento, tales normas no han implicado desconocer el derecho a la propiedad privada, sino que han buscado equilibrar este derecho con la defensa del interés nacional.
El partido también argumentó que Argentina no es un caso aislado en este asunto. En ese sentido, mencionó que naciones como Brasil, Estados Unidos, Australia, Israel, China, y varios países europeos tienen regulaciones que restringen o condicionan la adquisición de tierras por parte de extranjeros, especialmente para recursos considerados estratégicos.
Paralelamente, la Coalición Cívica lanzó un documento de 13 páginas, firmado por Elisa Carrió y otros dirigentes, en el que critica la reforma impulsada por el Gobierno y expresa su preocupación por sus implicaciones en términos de soberanía y control territorial. El texto sostiene que “la tierra no es solo un bien económico: también es soporte de jurisdicción, seguridad, presencia pública y continuidad territorial de la Nación”, sugiriendo que la discusión trasciende la mera compraventa de propiedades rurales.
Como conclusión, la Coalición Cívica sostiene que la reforma “coloca el territorio argentino bajo un régimen de disposición política excepcional”, cuestionando que ciertas operaciones queden sometidas a autorizaciones del Poder Ejecutivo y los gobiernos provinciales. Para los firmantes, cualquier cambio en la ley debería “procurar un equilibrio razonable entre la promoción de inversiones y la preservación” de los recursos considerados estratégicos.
El proyecto que impulsa el oficialismo para modificar la Ley de Tierras es parte de un conjunto más amplio de reformas sobre el derecho a la propiedad privada, que también abarca modificaciones en expropiaciones, desalojos y el régimen relativo a terrenos siniestrados. Sin embargo, el aspecto relacionado con la compra de tierras rurales por parte de extranjeros ha acaparado gran parte de las discusiones en el Senado y ha sufrido diversas modificaciones durante su elaboración.
La iniciativa propone eliminar los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fijaba un tope del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales en el país, así como suprimir el máximo de extensión que puede adquirir una única persona extranjera, que era de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, con variaciones según la región. También se eliminaría la restricción para la compra de campos que contengan o lindan con cuerpos de agua permanentes.
El Gobierno argumenta que estas restricciones desincentivan inversiones y que la legislación vigente obstaculiza el desarrollo de proyectos productivos en diversas regiones del país.
Este tema ya había sido motivo de controversia al inicio de la gestión de Javier Milei, cuando el Gobierno intentó derogar la norma mediante el DNU 70/2023, aunque la medida fue suspendida por una cautelar judicial tras un reclamo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). La Cámara Federal de La Plata ratificó esa decisión y el asunto sigue en manos de la Corte Suprema, manteniendo vigente la legislación hasta que se dicte una resolución definitiva.
