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Caso ANDIS: la Justicia pidió que declare una abogada que asegura tener grabaciones sobre la trama de corrupción

9 septiembre, 2026
in Política
Caso ANDIS: la Justicia pidió que declare una abogada que asegura tener grabaciones sobre la trama de corrupción
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La investigación por presuntos sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo pedido de la fiscalía: Franco Picardi solicitó que Nadia Beller declare como testigo en la causa. La abogada se encuentra en Bolivia luego de haber sido víctima de un intento de femicidio por el que permanece detenido Fernando Cerimedo.

El pedido de declaración ya fue enviado a la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia. Picardi solicitó que se dispongan las condiciones necesarias para realizar el testimonio mediante videoconferencia, teniendo en cuenta el estado de salud de Beller, y que funcionarios de la fiscalía boliviana estén presentes durante la audiencia. Por el momento, no se estableció una fecha y su realización dependerá de la coordinación entre las autoridades de ambos países.

La fiscalía fundamentó el requerimiento en la información que Beller asegura tener sobre Cerimedo y en la existencia de grabaciones y mensajes que, según sostiene, podrían aportar elementos a la investigación. Entre otras cuestiones, la abogada afirmó que el consultor le habría hablado sobre presuntos hechos de corrupción vinculados con el gobierno de Javier Milei y sobre el supuesto papel de Karina Milei.

Beller también señaló que Cerimedo y su esposa, Natalia Basil, habrían intervenido en la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que se describiría un presunto esquema de cobros y distribución de fondos dentro de ANDIS. Según su relato, en esas conversaciones se hacía referencia a porcentajes destinados a personas vinculadas con la estructura del Gobierno.

La declaración buscada por Picardi podría aportar elementos sobre una parte de la investigación que apunta a determinar si existieron conexiones entre el esquema investigado dentro de ANDIS y otros integrantes de la administración nacional.

Hasta el momento, 19 personas fueron procesadas en el expediente, entre ellas Diego Spagnuolo, su segundo en la agencia, Daniel Garbellini, y el lobista Miguel Ángel Calvete. La investigación alcanza en total a 49 exfuncionarios y particulares y analiza posibles responsabilidades por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada, cohecho y lavado de activos.

La fiscalía investiga un presunto mecanismo de contratación discrecional de medicamentos e insumos de alto costo que habría funcionado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. La hipótesis sostiene que un grupo reducido de empresas habría resultado beneficiado mediante la asignación de contratos y pagos, con la participación de personas externas a ANDIS que habrían actuado en la distribución de esas operaciones.

En el expediente también se analizan posibles beneficios económicos indebidos y maniobras destinadas a ocultar el origen de fondos. Entre los elementos incorporados a la investigación aparecen diferencias de precios que, según la fiscalía, habrían alcanzado el 2000% en determinados medicamentos y el 4000% en insumos como sillas de ruedas y equipamiento ortopédico.

En el pedido de asistencia judicial enviado a Bolivia, la fiscalía sostiene que ANDIS habría sido utilizada, en lugar de cumplir exclusivamente con sus funciones vinculadas a las políticas de discapacidad y al acceso a prestaciones, como un mecanismo para canalizar pagos ilegales hacia determinadas empresas. La hipótesis incluye además acuerdos destinados a distribuir las ganancias obtenidas mediante esas operaciones.

La posible declaración de Beller se vincula con este tramo de la causa porque la abogada sostiene que posee registros de conversaciones con Cerimedo que podrían aportar información sobre el funcionamiento de esas operaciones y sobre personas que habrían tenido conocimiento de ellas.

La fiscalía también incorporó al requerimiento las circunstancias relacionadas con el ataque sufrido por Beller. La abogada atribuyó el intento de femicidio a su decisión de denunciar a Cerimedo por violencia de género y a episodios de agresión previos.

Para concretar el testimonio, Picardi invocó los mecanismos de cooperación judicial vigentes entre los países miembros del Mercosur, además de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, la Convención Interamericana contra la Corrupción y las normas de Naciones Unidas vinculadas con la lucha contra la corrupción.

La Justicia argentina aguarda ahora la respuesta de las autoridades bolivianas para definir cuándo y bajo qué modalidad podrá realizarse la declaración de Beller.

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