El proyecto, promovido por el diputado Carlos Puglelli, presidente de la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, busca modificar la Ley 13.482 para incorporar el uso de dispositivos electrónicos que transmiten energía mediante un proyectil. La propuesta apunta a establecer condiciones precisas para su utilización, con protocolos de actuación, capacitación obligatoria y mecanismos de control.
Según el texto, estos dispositivos provocarían efectos transitorios en el organismo, sin generar pérdida de conocimiento. A su vez, la iniciativa prohíbe expresamente los aparatos eléctricos de contacto directo que causen dolor mediante descargas, con el objetivo de diferenciar las herramientas permitidas de las que quedarían excluidas.
El dictamen reunió el respaldo de distintos espacios políticos, además del Frente Renovador. Acompañaron la propuesta La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la formación que deberán acreditar los efectivos antes de utilizar estas armas. La capacitación será específica, continua y certificada, e incluirá el manejo técnico de los dispositivos, sus efectos y riesgos sobre el cuerpo humano, los protocolos de intervención, las técnicas de desescalada, el uso gradual de la fuerza y los primeros auxilios.
La diputada Ayelén Rasquetti, cofirmante de la iniciativa junto con Puglelli, remarcó la necesidad de que la incorporación de estos recursos esté acompañada por una preparación profesional adecuada.
La propuesta fija cinco principios rectores para la utilización de estas armas: legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad. Su empleo quedaría restringido a situaciones en las que los métodos no violentos resulten ineficaces o insuficientes y exista un riesgo inminente para la integridad física del policía, de terceros o de la persona involucrada.
Además, solo podrán utilizarlas efectivos en actividad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que hayan aprobado evaluaciones técnicas y psicofísicas.
Como fundamento técnico, el expediente menciona la denominada regla de Tueller, un criterio desarrollado por el sargento Dennis Tueller, de la Policía de Salt Lake City, en Estados Unidos. Esta referencia plantea que un agente puede tardar alrededor de 1,5 segundos en desenfundar y disparar, lapso durante el cual una persona armada con un cuchillo podría avanzar unos 6,5 metros.
Los estudios citados en el proyecto advierten que, cuanto menor es la distancia frente a un atacante con un arma blanca, mayores son los riesgos para la supervivencia del efectivo.
Puglelli sostuvo que la iniciativa no se limita a incorporar un nuevo equipamiento, sino que contempla un programa integral de capacitación y protocolos. También planteó que, si la fuerza ya cuenta con armas letales, resulta necesario establecer una regulación específica para las alternativas menos letales.
La discusión sobre las pistolas Taser lleva varios años en la Legislatura provincial. Durante su gestión como ministro de Seguridad, Sergio Berni había impulsado la compra de estos dispositivos, aunque su incorporación efectiva para el uso policial no llegó a concretarse.
Dentro del peronismo también hubo posiciones contrarias. La exdiputada Susana González, vinculada al intendente de Ensenada, presentó una iniciativa para prohibir el uso de estas armas.
En paralelo, el senador Marcelo Leguizamón, integrante del bloque Hechos UCR Identidad, promovió distintos proyectos vinculados con la incorporación de estos dispositivos.
La iniciativa actual forma parte de la estrategia política del Frente Renovador, cuyo líder, Sergio Massa, pidió a sus legisladores priorizar una agenda centrada en cuestiones de seguridad y en problemáticas que afectan directamente a la población. El objetivo también apunta a reducir las tensiones internas que atraviesan al peronismo bonaerense.
