La resolución también alcanzó a Tomás Patricio Hválica, quien fue procesado sin prisión preventiva como tercer integrante de la organización. Los tres acusados quedaron además sujetos a un embargo de 5 millones de pesos.
Según la investigación, cada uno habría cumplido una función específica dentro de una estructura coordinada. Hválica habría proporcionado accesos a bases de datos, Nuñes Pinheiro habría intervenido en maniobras para tomar el control de líneas telefónicas y Zanchetta habría recopilado información personal, patrimonial y migratoria de magistrados y funcionarios.
Entre los principales afectados aparecen los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, y los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. La investigación también detectó búsquedas de información vinculadas con ministros de la Corte Suprema y otros integrantes del Poder Judicial.
De acuerdo con el expediente, las maniobras permitían obtener datos personales de las víctimas, tomar el control de sus líneas telefónicas y utilizar los códigos de verificación para ingresar a cuentas de WhatsApp y Telegram. En el caso de Giménez Uriburu, durante el período en que su línea habría estado bajo control de los acusados, se enviaron mensajes a sus contactos solicitando dinero.
Hválica fue identificado como “Pr1sox”, administrador de una plataforma que ofrecía acceso a distintas bases de datos. Según la resolución, desde allí habría proporcionado credenciales para realizar búsquedas de información personal.
Zanchetta, por su parte, habría realizado más de 2.000 consultas sobre jueces y funcionarios en el período de un año. Varias de esas búsquedas se produjeron poco antes o después de que determinados magistrados perdieran el control de sus teléfonos.
Los tres acusados rechazaron haber integrado una organización delictiva. Zanchetta aseguró no conocer a Hválica, mientras que Nuñes Pinheiro negó haber acordado previamente con los demás involucrados. Hválica se abstuvo de declarar y su defensa pidió el sobreseimiento.
Martínez De Giorgi rechazó los planteos de las defensas y consideró que las pruebas reunidas, entre ellas informes de organismos públicos, registros, comunicaciones y peritajes sobre dispositivos electrónicos, alcanzan para sostener los procesamientos.
Hválica quedó procesado sin prisión preventiva por acceso ilegítimo a comunicaciones y sistemas, interrupción de comunicaciones, estafa en grado de tentativa y asociación ilícita. En tanto, el juez amplió los procesamientos de Nuñes Pinheiro y Zanchetta para incorporar la acusación de asociación ilícita y mantuvo para los tres el embargo de 5 millones de pesos.
