Lacunza sostuvo que existen mecanismos regulatorios que podrían haber contribuido a prevenir el deterioro de la situación financiera de los hogares mediante una mayor información sobre las condiciones de los créditos disponibles en el sistema formal. En particular, señaló las diferencias entre las tasas de interés y cuestionó la utilización de esquemas de cuotas fijas que, según planteó, pueden dificultar la comprensión del costo real de los préstamos.
El exfuncionario estimó que, si el problema se deja evolucionar sin medidas específicas, la recuperación podría demandar alrededor de cinco años. Según señaló, durante ese período millones de personas que actualmente se encuentran en mora tendrían dificultades para volver a acceder al crédito, mientras que el sistema financiero podría continuar restringiendo el acceso al financiamiento.
La situación se da en un contexto de aumento de la morosidad de los hogares. De acuerdo con los últimos datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el incumplimiento en el pago de deudas familiares alcanzó el 12,8% en mayo. La cifra representó un incremento de 0,7 puntos porcentuales frente a abril y una suba de 8,3 puntos porcentuales en la comparación interanual.
Lacunza descartó que una eventual solución requiera una inyección de fondos públicos y planteó, en cambio, la necesidad de generar mecanismos que permitan a los distintos actores involucrados encontrar alternativas de refinanciación.
Entre las opciones mencionó la posibilidad de utilizar préstamos ajustados por inflación, con tasas que no recaigan sobre el Estado, y desarrollar un mercado que permita comprar y refinanciar las carteras de deuda.
El exministro consideró que existen alternativas que podrían facilitar el regreso de los deudores al sistema financiero sin que el Estado deba aportar recursos. En ese sentido, sostuvo que las políticas públicas pueden contribuir a corregir las consecuencias de la falta de prevención y favorecer una salida de la situación de endeudamiento.
