Uno de los principales argumentos planteados por su defensa está relacionado con el tiempo que demandó la investigación. La causa comenzó en 2011 y, después de 15 años, llegó a la instancia de definición. La defensa sostiene que esa demora afectó el derecho a que el proceso se desarrolle dentro de un plazo razonable.
El expediente analiza el destino de más de $748 millones transferidos entre 2008 y 2011 para financiar la construcción de viviendas sociales. Los recursos habían sido asignados por el entonces Ministerio de Planificación, encabezado por Julio De Vido, y llegaron a la Fundación a través de convenios celebrados con distintas provincias y municipios.
La investigación sostiene que esos acuerdos fueron realizados sin licitación y que más de $200 millones habrían sido desviados de su finalidad original. Esa cifra representa aproximadamente el 23% del total de los fondos destinados al programa.
La demora de la causa también fue planteada por otros acusados. En la audiencia anterior, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Claudio Fatala solicitó que se declare prescripta la acción penal, al considerar el tiempo transcurrido desde el inicio del expediente.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF), que participa como querellante, reclamaron las penas más elevadas para los acusados, que llegan a seis años de prisión en algunos casos y a cuatro en otros.
Además de Schoklender, el expediente tiene entre sus principales acusados a Julio De Vido, José López, Abel Claudio Fatala y los hermanos Schoklender, vinculados a la administración de la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante la ejecución del programa de viviendas.
