Tras casi un año sin acuerdo político para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema, Javier Milei firmó el decreto para nombrar en comisión al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla. Con la publicación en el Boletín Oficial de los nombramientos, comenzaron a correr horas cruciales debido a que el Gobierno pretende que asuman cuanto antes sus cargos, pese al rechazo de la oposición y un proceso que requiere la intervención de la Justicia.
Como había anticipado Infobae, el primer mandatario resolvió en esta semana -cuando el Congreso está “cerrado”, debido a que no hay sesiones extraordinarias y las ordinarias recién se inauguran el sábado- firmar el decreto, que llevó el número 137/2025. Fue el desenlace de un proceso complejo que empezó en marzo del año pasado, con la comunicación de las nominaciones, y se trabó la semana pasada por diferencias con el kirchnerismo en el Senado.
En el comunicado que oficializó los nombramientos se destacó que “la Constitución Nacional faculta al Presidente a cubrir las vacantes de empleos que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso, mediante nombramientos en comisión que expirarán al finalizar la próxima legislatura”.
También resaltó que “es fundamental recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva del Presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. El Senado debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos, para lo cual debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses meramente políticos”.
Como publicó el lunes este medio, la Casa Rosada lejos de replegarse por el impacto del caso de la criptomoneda $LIBRA, decidió redoblar la presión y, ante el rechazo del kirchnerismo a la aprobación del pliego de Lijo en el Senado, nombró a ambos por decreto, retomando el axioma que planteó apenas se presentaron las postulaciones: “Los dos o ninguno”.
Infobae había anticipado que en el entorno presidencial crecía el convencimiento de que era hora de avanzar más rápido con el nombramiento de los jueces de la Corte: “Este gobierno es un auto que viene sin la R de Reversa. Mientras cualquiera recomendaría esperar, doblar o hacer otra cosa, creo que van a acelerar”.
Pero más allá de las aspiraciones que tiene el Gobierno para que se acelere la asunción, todavía quedan aspectos que quedan fuera de su dominio y deben pasar por el tamiz de otros actores que juegan con reglas y lógicas diferentes.
Al ser juez federal y estar a cargo de dos juzgados de Comodoro Py, Lijo tenía previsto presentar un pedido de licencia extraordinaria que requerirá de la intervención de la Cámara Federal y, luego, de la propia Corte, que preside Horacio Rosatti, y que integran Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Del resultado de ese trámite dependerá el futuro inmediato de una de las dos designaciones en comisión que hizo el presidente Milei. Hay jurisprudencia que avala y otra que rechaza la retención de un juzgado inferior para cumplir una función provisoria de una instancia superior. El interrogante respecto de sí la Corte desconocerá un decreto del presidente Milei o lo convalidará, se resolverá en las próximas horas. Tal vez más de las que esperan en la Casa Rosada.
No será una decisión que se tome en el vacío, ya que desde el ámbito político la oposición lanzó una fuerte ofensiva en contra del decreto de Milei. Desde el PRO a la UCR, de la Coalición Cívica a Encuentro Federal salieron a cuestionar la medida tomada por el Gobierno.
El kirchnerismo, que tiene la llave en el Senado para aprobar o bloquear la nominación de un juez de la Corte -tiene 34 sobre el total de 72 bancas- difundió un comunicado con duras críticas: “El interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria rechaza de forma categórica la designación de Lijo y García-Mansilla ‘en comisión’ y por decreto, por tratarse de una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente”.
Pero el presidente del bloque, el formoseño José Mayans, en un seminario que organizó la revista Parlamentario, planteó un matiz a ese tono flamígero. “Nosotros ofrecimos al Poder Ejecutivo el diálogo. Hay dos lugares que son importantes (por los de Lijo y García-Mansilla), pero algunos hablaban de una Corte de siete o de nueve, después está el tema del Procurador General, el Defensor General, el Defensor del Pueblo. Nosotros dijimos: hagamos una conversación entre las fuerzas políticas y este problema lo resolvemos en una semana”.
“Pero si el Gobierno quiere por la fuerza imponer sin ningún tipo de diálogo, diciéndonos que los candidatos que ellos ponen son los candidatos nuestros, a mí me parece que de esa forma no pueden conseguir el acuerdo”, dijo el senador, junto a los diputados Silvia Lospennato (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Karina Banfi (UCR), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala.
