El encuentro fue solicitado por el abogado del exlegislador, Carlos María Conti, y tendrá una duración máxima de 30 minutos. También participarán el fiscal José Arias y las demás partes intervinientes. La causa que tramita en Concordia todavía no tiene personas formalmente imputadas y registra una actividad investigativa limitada durante los últimos dos años.
Uno de los posibles ejes de la audiencia será establecer los límites de la acusación y evitar que se investiguen los mismos hechos en dos jurisdicciones diferentes. Actualmente, el expediente se encuentra dividido entre el Juzgado de Garantías 2 de Concordia y el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de San Isidro.
La disputa entre ambos tribunales llegó a la Corte Suprema de Justicia, que resolvió mantener abiertas las dos investigaciones hasta que existan elementos suficientes para determinar qué jurisdicción debe intervenir. De esta manera, por el momento, los expedientes continuarán avanzando en paralelo.
Aunque ambas causas investigan el presunto enriquecimiento ilícito de Kueider, existen diferencias en los períodos analizados. En Entre Ríos, la investigación comprende un recorrido más amplio, desde 1999, cuando el exlegislador asumió su primer cargo público como concejal de Concordia, hasta una etapa posterior a su salida de la función provincial en 2019.
En cambio, el expediente que tramita en San Isidro se concentra en el período comprendido entre 2015 y su paso por el Senado de la Nación. Kueider había asumido como secretario general de la Gobernación de Entre Ríos en 2015 y llegó al Congreso en 2019, donde permaneció hasta su expulsión en 2025.
El origen de las investigaciones está vinculado con las inconsistencias detectadas entre las declaraciones juradas patrimoniales del exsenador y los ingresos que había declarado durante su trayectoria en la función pública.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado había solicitado que la Justicia entrerriana dejara de intervenir y remitiera las actuaciones a San Isidro, con la intención de concentrar allí la investigación. Para fundamentar su postura, también incorporó elementos de otra causa relacionada con presuntas irregularidades en la contratación de servicios de seguridad privada.
Ese expediente investiga un supuesto sistema de pago de sobornos a organismos y empresas públicas para conseguir contratos. La investigación comenzó a partir de una auditoría interna y alcanzó a distintas entidades, entre ellas la empresa estatal de energía de Entre Ríos, Enersa, donde Kueider representaba las acciones del Poder Ejecutivo provincial.
La hipótesis judicial sostiene que el exsenador podría haberse beneficiado económicamente de fondos provenientes de esas maniobras. Esos elementos fueron incorporados al análisis patrimonial que lleva adelante la Justicia federal.
Sin embargo, la Corte Suprema, siguiendo el criterio planteado por el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, consideró que todavía no existían fundamentos suficientes para apartar al juzgado entrerriano. Por ese motivo, permitió que las dos investigaciones continúen simultáneamente.
En términos de actividad judicial, el expediente federal de San Isidro fue el que registró mayores avances desde 2024. Durante los últimos meses se ordenaron allanamientos para reconstruir una presunta estructura de sociedades y negocios vinculados con el exlegislador. También se solicitó su extradición desde Paraguay.
El pedido fue aceptado por las autoridades paraguayas, aunque Kueider deberá completar primero los procedimientos judiciales que tiene pendientes en ese país.
En paralelo, la investigación argentina sobre el entorno empresarial del exsenador avanzó hacia una instancia de juicio. Entre las personas señaladas aparecen presuntos testaferros, abogados y contadores que habrían participado en las maniobras investigadas.
Sin embargo, la conformación del tribunal que deberá llevar adelante ese proceso quedó pendiente luego de cambios en la estructura de la Justicia Federal. Los nuevos integrantes del juzgado se declararon incompetentes y remitieron las actuaciones a los tribunales de Comodoro Py. Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal deberá realizar un nuevo sorteo para determinar qué tribunal oral de la Capital Federal intervendrá.
La situación judicial de Kueider también tuvo consecuencias en Paraguay, donde fue detenido durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar al país con 200.000 dólares sin declarar. Por ese episodio recibió una condena de dos años de prisión en suspenso por tentativa de contrabando.
Además, las autoridades paraguayas dispusieron el decomiso del dinero y de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaba.
A ese expediente se sumó una investigación por presunto lavado de activos, centrada en la adquisición de departamentos en Asunción. La Fiscalía paraguaya sospecha que las propiedades habrían sido compradas con dinero proveniente de actividades delictivas desarrolladas en la Argentina.
La audiencia prevista en Concordia será una nueva instancia para ordenar el desarrollo de la investigación local, mientras continúa sin resolverse la disputa de competencia entre los tribunales que intervienen en el caso.
