El director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, describió un panorama marcado por una caída interanual cercana al 4% en el volumen vendido. En agosto, el último mes analizado, la baja fue del 3,3%, mientras que 2023 había terminado con una retracción del 5,2%. Según indicó, los resultados negativos se sostienen desde comienzos de 2024.
El escenario presenta una diferencia respecto de crisis anteriores. Durante 2001 y 2002, parte de los consumidores que dejaron de comprar en las grandes cadenas se volcó a los autoservicios independientes, que registraron un crecimiento considerable. En la actualidad, en cambio, la reducción de la demanda alcanza tanto a los supermercados como a los almacenes y comercios de proximidad, sin que se identifique un canal claramente beneficiado.
La caída de las ventas también repercute en la estructura del sector. Varias empresas discontinuaron formatos comerciales, cerraron locales o redujeron su presencia en determinadas regiones. Aunque no hay una cifra consolidada sobre la cantidad de establecimientos que dejaron de operar, el fenómeno involucra a distintos operadores.
El impacto es especialmente relevante entre los hogares de menores ingresos, donde la reducción de las compras afecta directamente el volumen comercializado. Entre las zonas que presentan mayores dificultades se encuentran el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, el Gran Rosario y Mendoza. En contraste, algunas localidades vinculadas a actividades económicas específicas muestran un desempeño más favorable. Es el caso de Añelo, en Neuquén, impulsada por la actividad de Vaca Muerta, y de ciertos puntos del interior agrícola.
Otro cambio visible es la mayor concentración del gasto en productos básicos y la pérdida de participación de los artículos considerados no esenciales. Esta tendencia, conocida en el sector como primarización de la compra, modifica la composición de las ventas y la distribución de los productos en las góndolas.
El rubro de los lácteos es uno de los ejemplos de esta transformación: los productos de mayor precio pierden espacio de exhibición debido a su menor rotación. La situación también afecta a los fabricantes, que deben adaptarse a un mercado con dificultades para sostener los volúmenes habituales de producción y comercialización.
El crecimiento del comercio electrónico tampoco alcanza para compensar el retroceso general. Las ventas online representan menos del 5% del consumo masivo, que incluye alimentos, bebidas, productos de limpieza, perfumería y artículos de cuidado personal. Además, parte de las operaciones contabilizadas como digitales corresponde a compras realizadas por empleados de plataformas dentro de los propios supermercados, una práctica que genera diferencias en los criterios de registro entre las empresas.
De acuerdo con el diagnóstico de la ASU, la suma de las ventas presenciales y digitales confirma que el consumo continúa en descenso. En paralelo, la presencia de productos importados sigue siendo acotada: representa alrededor del 4% de la oferta de consumo masivo de las cadenas, sin contar rubros como electrónica y textiles. Su impacto comercial todavía es limitado y, según la entidad, esos artículos no logran competir en precio con la producción local.
A las dificultades de la demanda se suma el reclamo por las diferencias impositivas entre los comercios formales e informales. La ASU solicitó al Ministerio de Economía que CABA, Santa Fe y La Pampa se incorporen al sistema de retenciones de Ingresos Brutos sobre cuentas de pago y billeteras virtuales.
La propuesta busca reducir las asimetrías entre los operadores que cumplen con sus obligaciones fiscales y aquellos que trabajan fuera de los circuitos formales. Desde la asociación aclararon que la iniciativa no contempla la creación de nuevos impuestos ni un aumento de las alícuotas, sino la aplicación de mecanismos de recaudación sobre transacciones que actualmente no están alcanzadas por ese régimen en las tres jurisdicciones.
La entidad estima que la informalidad podría representar cerca de la mitad del mercado, aunque reconoce que resulta difícil medir con precisión las operaciones que no quedan registradas. Entre las prácticas señaladas figuran la falta de entrega de tickets y la utilización de sistemas de doble facturación.
Como ejemplo, se mencionó un procedimiento policial realizado en La Plata, en el que se detectaron tres autoservicios que utilizaban un sistema informático con dos registros: uno destinado a reflejar las operaciones reales y otro con la información declarada oficialmente.
En relación con el avance del reclamo, la ASU cuestionó la posición del gobierno de La Pampa y señaló que en algunas jurisdicciones existiría mayor tolerancia hacia la informalidad como una forma de sostener la actividad comercial. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, encontró más predisposición para analizar la incorporación al sistema de retenciones.
La asociación sostuvo que su planteo no apunta contra los almacenes ni contra los supermercados independientes, sino contra los comercios que evaden sus obligaciones. Según indicó su representante, las cadenas reclaman medidas para regular la competencia informal desde hace aproximadamente 15 años.
