La proyección oficial supone un crecimiento económico del 4% y una mejora real de los ingresos tributarios del 5,6% durante el próximo año. El escenario parte de una caída real de la recaudación del 3,8% acumulada hasta agosto de 2026. Si los recursos quedan por debajo de lo previsto o la actividad no alcanza las metas establecidas, el gasto público deberá ajustarse durante el ejercicio.
La escasa diferencia entre ingresos y gastos financieros es uno de los puntos centrales del esquema. Para la Administración Nacional se calcula un superávit primario de $15,36 billones, frente a intereses de deuda por $15,11 billones. El resultado financiero proyectado queda así en apenas $0,25 billones, equivalente al 1,6% del superávit primario.
A esto se suma que durante 2026 se contabilizaron $25,5 billones de ingresos extraordinarios provenientes de utilidades del Banco Central y de la venta de hidroeléctricas. La ausencia de esos recursos en 2027 reduce el margen disponible ante una eventual caída de la recaudación.
Las provincias aparecen entre las jurisdicciones que podrían recibir el impacto del ajuste. Si se cumplen las metas de ingresos, la coparticipación tendría un incremento real del 7%. En cambio, un incumplimiento de las previsiones implicaría una corrección automática del gasto.
Uno de los rubros afectados sería la inversión en obras. Las transferencias destinadas a infraestructura tendrían una reducción real del 20,1%, mientras que de una cartera de 2.339 proyectos, 1.683 quedarían anulados y otros 457 serían transferidos a provincias y municipios. Para sostener esas obras, las jurisdicciones podrían recurrir a la emisión de deuda.
El esquema también plantea restricciones sobre los servicios públicos, especialmente en materia energética. El Presupuesto prevé una reducción real del 16,8% en los subsidios durante 2027. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, los hogares actualmente afrontan el 55% del costo del servicio, mientras que el Estado cubre el 45%.
Con ese escenario, alcanzar el recorte previsto requeriría combinar tarifas por encima de la inflación, menores costos o una reducción de la cantidad de usuarios subsidiados. El proyecto, sin embargo, no especifica cuál de esos mecanismos se aplicaría.
La capacidad para reasignar recursos también está condicionada por la composición del gasto. El 68,6% está vinculado con jubilaciones, salarios e intereses, partidas sujetas a reglas de actualización automáticas. De esta manera, el margen de intervención queda concentrado en el tercio restante del gasto.
Dentro de ese espacio aparecen las Obligaciones del Tesoro, que suman $14,8 billones, de los cuales $7,68 billones todavía no tienen un destino definido. En este punto, las modificaciones previstas en las normas presupuestarias podrían repercutir sobre partidas vinculadas con las áreas social y educativa.
El escenario proyectado también queda condicionado por la distancia entre las previsiones realizadas para 2026 y la evolución que finalmente tuvo el año. El presupuesto había sido aprobado con una estimación de inflación del 10,1% y un crecimiento económico del 5%, mientras que posteriormente esas variables fueron ajustadas al 29% y al 3%, respectivamente.
A la vez, el cumplimiento de las metas para 2027 dependerá de factores que pueden afectar el crecimiento económico. Entre los escenarios considerados aparece el impacto de una eventual sequía, que podría restar entre 1,5 y 3,1 puntos porcentuales al crecimiento del PBI.
Con un resultado financiero proyectado de apenas $0,25 billones, la distancia entre el cumplimiento de las metas y la necesidad de aplicar nuevas correcciones sobre el gasto queda estrechamente vinculada con la evolución de la recaudación y de la actividad económica durante 2027.
