Los niños de hasta 14 años continúan siendo el segmento etario con mayor nivel de pobreza. Le siguen los jóvenes de 15 a 29 años, con el 36,9%; los adultos de 30 a 64 años, con el 28,8%; y las personas de 65 años o más, con el 14,8%.
El comportamiento de la pobreza, sin embargo, presentó diferencias importantes según la edad. Entre los menores de 14 años se registró el menor incremento relativo, del 4%, equivalente a unas 165.000 personas más. Al mismo tiempo, la indigencia dentro de ese grupo aumentó un 21%, lo que representa unas 175.000 personas adicionales. Un análisis especializado atribuyó este comportamiento, posiblemente, al fuerte incremento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
La evolución de los ingresos y de las canastas de consumo también marcó una diferencia relevante. Según los datos del Indec, el ingreso familiar per cápita aumentó en promedio un 11,5% durante el período analizado, mientras que la CBA subió 21,4% y la Canasta Básica Total (CBT), 19,6%. La brecha entre ambas evoluciones implicó un deterioro del poder adquisitivo de los hogares con menores recursos.
En cantidad de personas, el aumento de la pobreza se concentró principalmente entre los grupos de edad con mayor participación en el mercado laboral. Un estudio especializado señaló que 919.000 de las nuevas personas en situación de pobreza tienen entre 30 y 64 años. A ellas se suman otras 481.000 de entre 15 y 29 años. En conjunto, ambos grupos explican cerca de 1,4 millones de nuevos casos, aproximadamente siete de cada diez del incremento registrado en el último semestre.
Los mayores de 65 años, por su parte, mostraron el incremento relativo más pronunciado. La cantidad de personas pobres dentro de ese grupo aumentó un 55% en un semestre, mientras que la de indigentes lo hizo un 60%. El aumento parte de una base menor que la de los demás segmentos, dado que históricamente los adultos mayores presentan la menor incidencia de pobreza debido a la cobertura previsional. Un análisis especializado señaló, no obstante, que la evolución constituye una señal de alerta respecto de la relación entre los ingresos previsionales y el costo de las canastas.
El impacto de las transferencias sociales también aparece como un factor relevante en la medición de la indigencia. Un análisis del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA indicó que la política social evitó un deterioro mayor y estimó que, si se excluyeran de los ingresos familiares la Asignación Universal por Hijo (AUH), otros programas de transferencias y las pensiones no contributivas, la indigencia prácticamente se duplicaría.
Según esas estimaciones, sin esas transferencias la pobreza extrema se ubicaría aproximadamente entre el 14% y el 15%. El análisis sostiene que las políticas sociales tienen un papel significativo en la contención de la pobreza extrema, aunque también señala que su capacidad de protección disminuyó durante 2025 y 2026.
Las diferencias entre las distintas áreas urbanas del país también fueron marcadas. Concordia registró la tasa de pobreza más elevada, con el 56,2%, seguida por Gran Resistencia, con 48,6%; Posadas, con 42,2%; y Corrientes, con 41%. En el extremo opuesto se ubicó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 11,1%, seguida por Neuquén-Plottier, con 19,6%, y Mar del Plata, con 20,4%. Gran Córdoba registró un 31,1%, apenas por debajo del promedio de los aglomerados ponderados.
La comparación con el primer semestre de 2025 mostró, además, comportamientos muy diferentes según la ciudad. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly tuvo el mayor incremento, con 10,3 puntos porcentuales, seguido por Concordia, con 7 puntos, y Viedma-Carmen de Patagones, con 6,5 puntos. En cambio, Mar del Plata registró una caída de 7,1 puntos porcentuales; Río Gallegos, de 6,7; Neuquén-Plottier, de 6,4; y Gran Rosario, de 5 puntos. En Gran Córdoba, la pobreza aumentó 1,6 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2025.
