El proyecto busca desarrollar una cadena de valor para transformar el gas natural de Vaca Muerta en GNL destinado a los mercados internacionales. El plan incluye la producción de gas en Neuquén, infraestructura de transporte, plantas de procesamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales (MTPA), que estarán ubicadas frente a las costas de Río Negro, en el Golfo San Matías.
Desde la compañía consideraron que la adhesión al RIGI constituye un paso fundamental para avanzar con la iniciativa y destacaron su potencial para generar empleo, promover el desarrollo tecnológico, ampliar la participación de proveedores locales y fortalecer la inserción internacional de la Argentina como exportador de energía.
El régimen establece un marco de estabilidad jurídica, fiscal, aduanera y cambiaria a largo plazo, condiciones consideradas necesarias para proyectos de infraestructura energética de gran escala que demandan inversiones elevadas y están orientados a la exportación. Desde la empresa señalaron que este esquema resulta clave para atraer inversiones y financiamiento internacional de largo plazo.
La compañía estima que el proyecto podría generar ingresos por exportaciones cercanos a los US$10.000 millones anuales durante 20 años. Según sus proyecciones, esto permitiría mejorar la balanza comercial e incrementar el ingreso de divisas al país.
El desembolso total de US$51.000 millones estará destinado al desarrollo upstream y a la operación de las dos unidades flotantes de licuefacción. En la primera etapa, se prevé una inversión de aproximadamente US$5.000 millones para tareas de exploración y perforación de pozos, con el objetivo de alcanzar el nivel de producción de gas necesario para abastecer a ambas FLNG.
En paralelo, se pondrá en marcha la infraestructura vinculada con las unidades de licuefacción, cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2031. Para los próximos cinco años se proyecta una inversión de US$29.000 millones, de los cuales unos US$24.000 millones estarán destinados a infraestructura. Esto contempla complejos industriales, ductos específicos y las instalaciones portuarias necesarias para el desarrollo del proyecto.
YPF es el actor central de la iniciativa destinada a ampliar el potencial exportador de Vaca Muerta, en un contexto internacional marcado por los precios de la energía y el interés por los activos argentinos.
Durante la etapa de construcción, una parte sustancial de la inversión será financiada mediante un esquema de financiamiento de proyectos con participación de los mercados internacionales. La estructura estará respaldada por contratos de exportación de largo plazo con compradores internacionales de alta calificación crediticia.
La construcción se extenderá entre 2026 y 2030 y se estima que generará unos 20.000 puestos de trabajo anuales, entre empleos directos, indirectos e inducidos. El mayor nivel de actividad se alcanzaría durante el tercer año, con una demanda estimada de hasta 40.000 trabajadores. Una vez iniciada la operación, se prevé sostener alrededor de 8.000 empleos anuales durante la vida útil del proyecto.
La propuesta presentada bajo el RIGI también contempla una participación significativa de proveedores locales. La proyección alcanza unos US$15.000 millones en contrataciones de bienes y servicios a lo largo de la cadena de trabajo.
El desarrollo tendría impacto principalmente en Neuquén y Río Negro, además de extender sus efectos sobre la cadena de valor energética y la industria nacional, con el objetivo de ampliar las capacidades productivas vinculadas al sector.
